/ martes 14 de mayo de 2019

Caso Rébsamen

Mónica García Villegas fue la directora y dueña del Colegio Rébsamen. El 19 de septiembre de 2019, 19 niños y siete adultos perdieron la vida por la presunta negligencia, corrupción e indolencia de Mónica García y autoridades de la Ciudad de México. La dueña y directora se sustrajo de la acción de la justicia por casi 20 meses, la Fiscalía General emitió la ficha roja de interpol, aparentemente fue capturada en un Toks en la avenida Tlalpan, y ya está a disposición de un juez penal.

Querido lector, como dicen muchos abogados: suponiendo, sin conceder, que Mónica García es culpable de la muerte de 19 niños y siete adultos, ¿Qué pena o sanción le impondría usted?, ¿Cuántos años en la cárcel, usted considera suficientes? y ¿Cuándo diría usted que hubo justicia en este caso?

Algunos profesores de derecho enseñan y sostienen que la justicia es: (a) el recto proceder conforme a derecho y razón; (b) la virtud perfecta; y (c) la constante y perpetúa voluntad de dar a cada uno su derecho. Tenemos miles y miles de hojas escritas sobre que debe ser la justicia. Existe una noción general sobre lo justo y, al final, cuesta mucho trabajo saber qué debería hacerse en este caso preciso. El problema de la sanción -o- la pena es uno de los temas más complicados del derecho. ¿Usted considera cien años de prisión justos?, ¿Setenta y cinco años de cárcel son los adecuados? y ¿Cómo cuantificaría la reparación del daño? No me imagino una sentencia que pueda dar tranquilidad a los padres.

No existe una resolución judicial que reconstruya el tejido social. En efecto, la sentencia que se llegue a dictar será legal, pero siempre tendrá un tufo de injusticia. Aquí, no me refieré al cómo dicen las leyes que se tienen que calcular las penas sino a la insatisfacción que deja el Estado de derecho en este tipo de desgracias. Este es un caso complejo donde la tragedia gravita en una multiplicidad de homicidios, corrupción, actos negligentes, la indolencia de las autoridades y la impunidad. Los servidores públicos que fueron acusados ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no han sido llevados ante un juez y tampoco exonerados.

En su momento, la ahora jefe de Gobierno denunció ante la fiscalía a Miguel Ángel Guerrero López y Alejandro Zepeda Rodríguez quienes fueron servidores públicos de Tlalpan y están relacionados con la legalidad de la documentación del Colegio Rébsamen. Sin embargo, estos no han dado noticia, ni la Procuraduría General de Justicia ha explicado su situación jurídica. La responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México no se ve por ninguna parte. Los únicos que están frente a un juez son la dueña de la escuela (Mónica García Villegas) y el supuesto director responsable de obra (Juan Mario Velarde Gámez). Ningún funcionario ha sido sancionado, procesado o investigado a cabalidad, ni siquiera por la vía administrativa. En este asunto siempre habrá un vacío mientras no se procesen o se investiguen a fondo a los servidores públicos involucrados.

No se trata de emitir sentencias con simbolismos de castigo y persecución, en cambio, la decisión judicial debe ser fiel a nuestras leyes. El problema de la responsabilidad y la pena siempre estará presente ¿Quién es más culpable, los particulares o las autoridades?, ¿Qué solución real nos brinda el derecho penal?, ¿Qué sentencia puede restablecer el tejido social?, ¿Hasta cuándo dependeremos del derecho penal para que se respete un reglamento de obras?

Doctor en Derecho

@jangulonobara

Mónica García Villegas fue la directora y dueña del Colegio Rébsamen. El 19 de septiembre de 2019, 19 niños y siete adultos perdieron la vida por la presunta negligencia, corrupción e indolencia de Mónica García y autoridades de la Ciudad de México. La dueña y directora se sustrajo de la acción de la justicia por casi 20 meses, la Fiscalía General emitió la ficha roja de interpol, aparentemente fue capturada en un Toks en la avenida Tlalpan, y ya está a disposición de un juez penal.

Querido lector, como dicen muchos abogados: suponiendo, sin conceder, que Mónica García es culpable de la muerte de 19 niños y siete adultos, ¿Qué pena o sanción le impondría usted?, ¿Cuántos años en la cárcel, usted considera suficientes? y ¿Cuándo diría usted que hubo justicia en este caso?

Algunos profesores de derecho enseñan y sostienen que la justicia es: (a) el recto proceder conforme a derecho y razón; (b) la virtud perfecta; y (c) la constante y perpetúa voluntad de dar a cada uno su derecho. Tenemos miles y miles de hojas escritas sobre que debe ser la justicia. Existe una noción general sobre lo justo y, al final, cuesta mucho trabajo saber qué debería hacerse en este caso preciso. El problema de la sanción -o- la pena es uno de los temas más complicados del derecho. ¿Usted considera cien años de prisión justos?, ¿Setenta y cinco años de cárcel son los adecuados? y ¿Cómo cuantificaría la reparación del daño? No me imagino una sentencia que pueda dar tranquilidad a los padres.

No existe una resolución judicial que reconstruya el tejido social. En efecto, la sentencia que se llegue a dictar será legal, pero siempre tendrá un tufo de injusticia. Aquí, no me refieré al cómo dicen las leyes que se tienen que calcular las penas sino a la insatisfacción que deja el Estado de derecho en este tipo de desgracias. Este es un caso complejo donde la tragedia gravita en una multiplicidad de homicidios, corrupción, actos negligentes, la indolencia de las autoridades y la impunidad. Los servidores públicos que fueron acusados ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no han sido llevados ante un juez y tampoco exonerados.

En su momento, la ahora jefe de Gobierno denunció ante la fiscalía a Miguel Ángel Guerrero López y Alejandro Zepeda Rodríguez quienes fueron servidores públicos de Tlalpan y están relacionados con la legalidad de la documentación del Colegio Rébsamen. Sin embargo, estos no han dado noticia, ni la Procuraduría General de Justicia ha explicado su situación jurídica. La responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México no se ve por ninguna parte. Los únicos que están frente a un juez son la dueña de la escuela (Mónica García Villegas) y el supuesto director responsable de obra (Juan Mario Velarde Gámez). Ningún funcionario ha sido sancionado, procesado o investigado a cabalidad, ni siquiera por la vía administrativa. En este asunto siempre habrá un vacío mientras no se procesen o se investiguen a fondo a los servidores públicos involucrados.

No se trata de emitir sentencias con simbolismos de castigo y persecución, en cambio, la decisión judicial debe ser fiel a nuestras leyes. El problema de la responsabilidad y la pena siempre estará presente ¿Quién es más culpable, los particulares o las autoridades?, ¿Qué solución real nos brinda el derecho penal?, ¿Qué sentencia puede restablecer el tejido social?, ¿Hasta cuándo dependeremos del derecho penal para que se respete un reglamento de obras?

Doctor en Derecho

@jangulonobara

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