/ miércoles 19 de agosto de 2020

Centro de Barrio | Aguafiestas

Hace una semana, en comunicado conjunto, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Movilidad anunciaron la creación de un programa para dar seguridad social a los conductores del transporte público colectivo concesionado, a partir de su regularización. Con una inversión de 80 millones de pesos, en 2020, se espera el alta de 15,500 conductores, lo que da un gasto de 5,161 pesos por beneficiario.


La iniciativa me parece bastante buena, debo reconocerlo: la autoridad quiere la profesionalización del servicio y la regularización de concesiones. Los concesionarios y sus choferes buscan mayores ingresos. Como un incremento en la tarifa puede generar afectaciones, la Semovi pretende mejorar las condiciones de esta forma. Ambas medidas, combustible y seguridad social, le son más baratas a la autoridad en conjunto, que a los transportistas por separado.


Sin embargo ¿será ese el impulso que necesitan los concesionarios para su transformación? Ahí es donde difiero. Llevamos al menos tres décadas hablando del tema en esta ciudad. Desde la huelga de Ruta 100, en 1989, prevalece el modelo de “Hombre - Camión”, que conlleva todos los incentivos perversos: el pasajero es de quien lo trabaja. Lo único que, en teoría, rompe con esos incentivos es la creación de empresas y centralizar la recaudación. Al llegar el actual equipo a la Semovi, ignoraron todas las discusiones de los últimos 30 años, basados en una realidad simplificada: desde la quiebra de Ruta 100 a la fecha se han creado empresas de transporte y los “corredores” siguen sin ser un modelo para la ciudad.


Me atrevo a decir que, salvo Metrobús y Transportes Eléctricos, ninguna ruta de autobuses posee un modelo de gestión que pueda ser replicado. Compran los autobuses más baratos, generalmente de velocidades, con pésima ergonomía; los choferes reciben poca o nula capacitación; los vehículos pernoctan en bajopuentes y las frecuencias de paso son irregulares. La tarifa más alta es de siete pesos, que se vuelve rentable por la saturación del servicio, no porque sea la más adecuada. Allí está la solución, empresas con un nuevo modelo de gestión, no con el viejo.


Todas las rutas basadas en el “Hombre - Camión” cuentan con incentivos a una mala conducción: esperar pasajeros en las estaciones del metro y en las mejores avenidas, pero competir por el pasaje en el resto de los tramos. ¿Esto va a cambiar con bonos de gasolina o con el Seguro Social? Me parece que la apuesta de la autoridad es a que la colocación de dispositivos tecnológicos (geolocalización, contador de pasajeros, botón de pánico, etc.) contribuya a ordenar el transporte. No quiero ser aguafiestas pero los transportistas lo interpretarán como un partida para ver quién es más estúpido, en la que sólo uno de los dos puede ganar.


Si al final funciona, la autoridad habrá cumplido. De lo contrario, creo que sólo están ganando tiempo antes de que reviente el sector. Los choferes seguirán trabajando más de doce horas para poder sacar para “la cuota” y “la papa”. ¿Por qué van a cambiar su forma de conducir, por qué van a evitar atajos si estos les repercuten en sus ingresos? Yo creo que las autoridades deberían escuchar a quienes llevan más años en esta agenda e ir más lejos que el anuncio de la semana pasada.

Hace una semana, en comunicado conjunto, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Movilidad anunciaron la creación de un programa para dar seguridad social a los conductores del transporte público colectivo concesionado, a partir de su regularización. Con una inversión de 80 millones de pesos, en 2020, se espera el alta de 15,500 conductores, lo que da un gasto de 5,161 pesos por beneficiario.


La iniciativa me parece bastante buena, debo reconocerlo: la autoridad quiere la profesionalización del servicio y la regularización de concesiones. Los concesionarios y sus choferes buscan mayores ingresos. Como un incremento en la tarifa puede generar afectaciones, la Semovi pretende mejorar las condiciones de esta forma. Ambas medidas, combustible y seguridad social, le son más baratas a la autoridad en conjunto, que a los transportistas por separado.


Sin embargo ¿será ese el impulso que necesitan los concesionarios para su transformación? Ahí es donde difiero. Llevamos al menos tres décadas hablando del tema en esta ciudad. Desde la huelga de Ruta 100, en 1989, prevalece el modelo de “Hombre - Camión”, que conlleva todos los incentivos perversos: el pasajero es de quien lo trabaja. Lo único que, en teoría, rompe con esos incentivos es la creación de empresas y centralizar la recaudación. Al llegar el actual equipo a la Semovi, ignoraron todas las discusiones de los últimos 30 años, basados en una realidad simplificada: desde la quiebra de Ruta 100 a la fecha se han creado empresas de transporte y los “corredores” siguen sin ser un modelo para la ciudad.


Me atrevo a decir que, salvo Metrobús y Transportes Eléctricos, ninguna ruta de autobuses posee un modelo de gestión que pueda ser replicado. Compran los autobuses más baratos, generalmente de velocidades, con pésima ergonomía; los choferes reciben poca o nula capacitación; los vehículos pernoctan en bajopuentes y las frecuencias de paso son irregulares. La tarifa más alta es de siete pesos, que se vuelve rentable por la saturación del servicio, no porque sea la más adecuada. Allí está la solución, empresas con un nuevo modelo de gestión, no con el viejo.


Todas las rutas basadas en el “Hombre - Camión” cuentan con incentivos a una mala conducción: esperar pasajeros en las estaciones del metro y en las mejores avenidas, pero competir por el pasaje en el resto de los tramos. ¿Esto va a cambiar con bonos de gasolina o con el Seguro Social? Me parece que la apuesta de la autoridad es a que la colocación de dispositivos tecnológicos (geolocalización, contador de pasajeros, botón de pánico, etc.) contribuya a ordenar el transporte. No quiero ser aguafiestas pero los transportistas lo interpretarán como un partida para ver quién es más estúpido, en la que sólo uno de los dos puede ganar.


Si al final funciona, la autoridad habrá cumplido. De lo contrario, creo que sólo están ganando tiempo antes de que reviente el sector. Los choferes seguirán trabajando más de doce horas para poder sacar para “la cuota” y “la papa”. ¿Por qué van a cambiar su forma de conducir, por qué van a evitar atajos si estos les repercuten en sus ingresos? Yo creo que las autoridades deberían escuchar a quienes llevan más años en esta agenda e ir más lejos que el anuncio de la semana pasada.