/ miércoles 4 de agosto de 2021

Centro de Barrio | Ahí viene el Coco

Hace unos años vivía en un conjunto de dos torres de 15 pisos, construidos en los años setenta, con una extraordinaria vista al “skyline” de Insurgentes. Los predios vecinos de esta torre eran una casa unifamiliar y un pequeño edificio de departamentos. La altura siempre me hizo especular sobre el proceso legal de aprobación de la construcción. En esta ciudad han sucedido tantas cosas en materia inmobiliaria que el sector siempre trae la letra escarlata de la corrupción. La pregunta que me hago es si estamos en la ruta de evitar la corrupción en el sector. La respuesta, naturalmente, es no.

Durante los primeros dos años de la gestión de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda estuvo comandada por una persona cuya misión fue no aprobar absolutamente nada. El resultado de esta estrategia fue la parálisis económica antes de la Pandemia. Pero hay también una consecuencia más precisa del dique burocrático que ello representa. Hay un rezago acumulado. En este momento no nos preocupan las oficinas que no se construyeron, pero sí las viviendas.

Eso significa que en algún lugar de esta ciudad, del tamaño que sea, se necesitan edificar por lo menos 200 mil viviendas. El efecto de esto no sólo es malo para la economía de forma directa, sino que en la práctica encarece la oferta de vivienda. Al hacerlo, los afectados somos los ciudadanos en general. Que hoy se tengan que pagar millones de pesos por un departamento pequeño es consecuencia no sólo del encarecimiento del suelo, sino de todo el proceso de construcción.

Los programas de desarrollo urbano son complejos y estrictos, pero siempre hay cómo darles la vuelta. Existe todo un conglomerado de normas que permitirían, prácticamente, urbanizar la glorieta del Ángel de la Independencia. Nadie toca las normas, nadie flexibiliza los planes, nadie sabe dónde vamos a construir 80 mil unidades de vivienda al año, ni cómo se autorizarán. Sobre cada proyecto hay una sombra, cierta o falsa, de corrupción.

Si quiero sacar mi credencial de elector hay tres requisitos básicos: identificación, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Me presento en el módulo con mis tres requisitos y se tramita mi credencial. No hay más. Es un trámite limpio.

En cambio, en lo inmobiliario hay un “No” de entrada, y la aplicación de la normatividad es juarista: a los amigos, justicia y gracia.

Preguntémonos dónde está el problema. La respuesta es muy simple: mientras no hagamos el ejercicio geográfico y matemático de acomodar 80 mil viviendas anuales durante al menos 10 años, padeceremos la vivienda cara para renta y venta, y corrupción en las ventanillas de gobierno.

Aquel que presuma gallardía al dificultar o impedir las obras, solo estará dejando espacio a la corrupción y la injusticia. No juzgo dónde pero esta ciudad necesita definir el espacio para edificar. 80 mil viviendas significa 320 viviendas autorizadas al día, en una docena de instituciones. Hoy no hay manera de lograrlo si no asumimos la realidad y así la comunicamos a la ciudadanía.

Hay que hablar con la verdad. Combatir la corrupción no necesita héroes o heroínas saboteando trámites, antes bien, facilitándolos en un entorno de certeza y planeación. No veo eso en la propuesta de Plan General de Gobierno ni en el borrador del Programa General de Ordenamiento Territorial.

Hace unos años vivía en un conjunto de dos torres de 15 pisos, construidos en los años setenta, con una extraordinaria vista al “skyline” de Insurgentes. Los predios vecinos de esta torre eran una casa unifamiliar y un pequeño edificio de departamentos. La altura siempre me hizo especular sobre el proceso legal de aprobación de la construcción. En esta ciudad han sucedido tantas cosas en materia inmobiliaria que el sector siempre trae la letra escarlata de la corrupción. La pregunta que me hago es si estamos en la ruta de evitar la corrupción en el sector. La respuesta, naturalmente, es no.

Durante los primeros dos años de la gestión de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda estuvo comandada por una persona cuya misión fue no aprobar absolutamente nada. El resultado de esta estrategia fue la parálisis económica antes de la Pandemia. Pero hay también una consecuencia más precisa del dique burocrático que ello representa. Hay un rezago acumulado. En este momento no nos preocupan las oficinas que no se construyeron, pero sí las viviendas.

Eso significa que en algún lugar de esta ciudad, del tamaño que sea, se necesitan edificar por lo menos 200 mil viviendas. El efecto de esto no sólo es malo para la economía de forma directa, sino que en la práctica encarece la oferta de vivienda. Al hacerlo, los afectados somos los ciudadanos en general. Que hoy se tengan que pagar millones de pesos por un departamento pequeño es consecuencia no sólo del encarecimiento del suelo, sino de todo el proceso de construcción.

Los programas de desarrollo urbano son complejos y estrictos, pero siempre hay cómo darles la vuelta. Existe todo un conglomerado de normas que permitirían, prácticamente, urbanizar la glorieta del Ángel de la Independencia. Nadie toca las normas, nadie flexibiliza los planes, nadie sabe dónde vamos a construir 80 mil unidades de vivienda al año, ni cómo se autorizarán. Sobre cada proyecto hay una sombra, cierta o falsa, de corrupción.

Si quiero sacar mi credencial de elector hay tres requisitos básicos: identificación, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Me presento en el módulo con mis tres requisitos y se tramita mi credencial. No hay más. Es un trámite limpio.

En cambio, en lo inmobiliario hay un “No” de entrada, y la aplicación de la normatividad es juarista: a los amigos, justicia y gracia.

Preguntémonos dónde está el problema. La respuesta es muy simple: mientras no hagamos el ejercicio geográfico y matemático de acomodar 80 mil viviendas anuales durante al menos 10 años, padeceremos la vivienda cara para renta y venta, y corrupción en las ventanillas de gobierno.

Aquel que presuma gallardía al dificultar o impedir las obras, solo estará dejando espacio a la corrupción y la injusticia. No juzgo dónde pero esta ciudad necesita definir el espacio para edificar. 80 mil viviendas significa 320 viviendas autorizadas al día, en una docena de instituciones. Hoy no hay manera de lograrlo si no asumimos la realidad y así la comunicamos a la ciudadanía.

Hay que hablar con la verdad. Combatir la corrupción no necesita héroes o heroínas saboteando trámites, antes bien, facilitándolos en un entorno de certeza y planeación. No veo eso en la propuesta de Plan General de Gobierno ni en el borrador del Programa General de Ordenamiento Territorial.

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