En otros momentos he sido defensor de que se facilite la operación de las bicicletas sin anclaje, de forma ordenada, antes de poner trabas y cobros excesivos a las empresas interesadas en este servicio. La historia de los últimos meses es bastante conocida: una subasta fallida construyó un duopolio que encareció la oferta de bicicletas compartidas y retiró la posibilidad de contar con este servicio fuera de un polígono muy limitado.
La empresa que había ganado la mayor cantidad de permisos en la subasta, Mobike, no pudo pagar la contraprestación exigida por la Secretaría de Movilidad. En una segunda ronda, las empresas Jump y Motum entraron al quite para salvar a Andrés Lajous del fracaso de su subasta; la primera, propiedad de Uber, lo hizo para quedar bien con los funcionarios de Semovi y proteger su negocio mayor; la segunda, Motum, tampoco pagó.
Mobike siguió operando en las calles, y de hecho aún es posible localizar algunas de sus bicicletas.
Hace algunas semanas, y ya lo habíamos comentado en este espacio (https://www.elsoldemexico.com.mx/ analisis/centro-de-barrio-los-pajaros-le-tiran-alas- escopetas-4258929.html), el 1 de agosto las bicicletas de Mobike comenzaron a ser decomisadas por el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como respuesta a la grabación que se difundió un día antes en la que se escucha al Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, amedrentar al Director de Mobike, René Ojeda, por dar voz a quien lo acusa de corrupto. Las bicicletas no han sido devueltas a sus propietarios y no hay un proceso legal de decomiso.
La acción represiva no terminó allí. El 16 de octubre, el Instituto de Verificación Administrativa inspeccionó el domicilio del taller de Mobike, sobre Lago Hielmar, al lado de una gasolinera y un centro de verificación vehicular. Conforme a los documentos que revisé, el INVEA encontró que el domicilio, donde se da mantenimiento a las bicicletas de Mobike, no tiene un uso de suelo autorizado para ello. Sin embargo, el uso de suelo es Habitacional con Comercio, que permite “reparación y mantenimiento de bicicletas”.
En el acta de implementación de medidas cautelares la autoridad asienta: “Se hace uso de la fuerza pública ya que una persona al interior se niega a salir”. ¡Ovidio, salva a las bicicletas!
¿Qué detona la visita del INVEA? Nadie tenga la menor duda: esto no viene de una denuncia ciudadana, sino de un alto funcionario de la Semovi que se mueve en bicicleta sólo por imagen pública, sólo para que no se piense que es una persona en situación de “junior”, sólo para que no se le vea como detractor sino un activo promotor de la bicicleta.
El estado de derecho no puede tener al INVEA al servicio de la bilis de otros funcionarios. No sólo falla María Idalia Salgado como directora general del INVEA, falla Claudia Sheinbaum al permitir que, ante el desacuerdo que existe de Semovi con Mobike, el INVEA “suspenda” las instalaciones de un particular. Que no digan que son diferentes cuando someten instituciones a sus necesidades de poder.
Por último, sólo quiero reiterar que la promoción del uso de la bicicleta debe ser un asunto público y cualquier empresa que lo haga, y más si lo hace a bajo costo, hace un bien a la sociedad aunque tenga un beneficio privado.
