Al cerrar el aeropuerto Benito Juárez, la Ciudad de México perderá hasta el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB); y de inmediato lo ganará el Estado de México. Pero esta es una postura cortoplacista, porque en realidad con una buena estrategia, el desmantelamiento del Aeropuerto Benito Juárez tendría que resolver una serie de problemas en la ciudad.
Claudia Sheinbaum manifestó su oposición al desarrollo inmobiliario en el terreno del actual aeropuerto. Si el modelo de desarrollo inmobiliario es el prevaleciente, hasta yo me opondría. Sin embargo, veo el reciclaje de ese gran terreno de más de 700 hectáreas como la ocasión para que la ciudad financie obras en materia de infraestructura de transporte, agua y espacio público, a la par que resuelve problemas de la Zona Metropolitana.
No se trata de urbanizar las 700 hectáreas, mucho menos venderlas, sino de generar planes que funcionen.
El urbanizador debe ser el gobierno local, de la mano del gobierno federal. En este sexenio se puede lograr esta coordinación, y esperaría que así lo viera también Román Meyer, futuro titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Tenemos la oportunidad no sólo de generar un área verde de San Juan de Aragón a la Alameda Oriente, de tamaño similar a Chapultepec. También se puede urbanizar con vivienda media y social, más servicios, el área comprendida de la pista H13/H31 hacia el Circuito Interior y reutilizar las dos terminales, por ejemplo para una universidad pública (T2) y un gran centro de exposiciones (T1). Por último, el extremo noreste del aeropuerto podría involucrarse en la dinámica logística del NAICM, en vez de que esto ocurra en una zona lacustre.
Desmantelar el Aeropuerto Benito Juárez no pesa en contra del NAICM, al contrario, es a favor, porque le da a la ciudad reservas territoriales relativamente céntricas, equipadas, que pueden también mejorar la calidad de vida en las colonias aledañas. Estos terrenos recibirían entre 100 y 120 mil habitantes, muchos de los cuales se emplearían en la zona.
Con una acción gubernamental adecuada, se evita la especulación y sólo se construye lo que sea necesario; las inversiones privadas quedan sujetas al interés público.
Estos usos pagan impuestos y generan recursos con los que se atienden nuevas áreas verdes, infraestructura hidráulica y de transporte; se generan empleos temporales y permanentes, y paulatinamente se repone el PIB perdido por el cierre del aeropuerto.
La Ciudad de México tiene y tendrá necesidades mayores no resueltas con la escala presupuestal. Los 226 mil millones de pesos que presupuesta actualmente la ciudad no nos permiten pagar todas las inversiones que se requieren para satisfacer necesidades presentes, así que seguiremos estirando la cobija. Que no nos sorprendan las contingencias e inundaciones en los años venideros.
Reciclar suelo, como en el caso del aeropuerto, debe formar una nueva ruta de solución de los problemas públicos, donde el fortalecimiento de la hacienda gubernamental sea clave para invertir en infraestructura, y donde se logre la sustentabilidad financiera. No se trata de repetir el agandalle del Parque de la Mexicana, sino de demostrar que se puede hacer bien, con el máximo beneficio social.
