En las últimas semanas hemos visto algunas intervenciones raras de la policía preventiva que nos tendrían que poner en alerta: ¿no estarán cambiando los incentivos entre los policías y, a su vez, esto generar acciones que redundan lo mismo en abusos de autoridad que acciones que aún siendo legales carecen de sentido?
Un caso: un perro bañándose en una fuente, son remitidos tanto el perro como la dueña al juez cívico por una falta que en efecto existe en la Ley de Cultura Cívica, que en su artículo 25 impide el libre tránsito de animales domésticos, es decir, sin correa. Cuando el perro está en el área de perros de un parque podríamos interpretar que puede estar sin correa, pero empieza a ser un asunto de interpretación. ¿Bañarse en una fuente? De entrada, no será el primer ni el último perro que veamos jugando libremente, sin transitar a ningún lado.
Otro caso: en el centro, hace un par de meses, bicicletas encadenadas en el mobiliario urbano son retiradas, rompiendo cadenas o candados, para entregarlas al juez cívico y que allí el particular las recupere. ¿Cuál es la violación? Nunca estuvo clara, en corto una autoridad me dijo que fue parte de un operativo contra el ambulantaje. De cualquier manera el decomiso temporal de las bicicletas era un acto tan ilegal como inútil.
Otro caso: Parque México, una muchacha se toma un selfie en la fuente. En vez de prevenirla que el cuidado de la fuente exige no entrar en ella, la muchacha es remitida con el juez cívico. El único fundamento legal es débil, la misma ley de Cultura Cívica, artículo 15 fracción X, obliga a los ciudadanos a “hacer un uso adecuado de los bienes, espacios y servicios públicos conforme su naturaleza y destino”, pero ni siquiera establece sanción a esta supuesta violación.
En medio de estos tres ejemplos la percepción ciudadana es de incremento en la inseguridad. ¿Por qué los policías se concentran en infracciones administrativas que en última instancia podrían resolverse con una simple advertencia? No tengo más respuesta que lo siguiente:
En el pasado ya hemos vivido presión para que los agentes de tránsito impongan cierto número de multas al día, como una medida para combatir la corrupción. Esto no tiene como efecto que se sancione al que se pasó el alto, sino al que se detuvo unos segundos para recoger o dejar a un pasajero y que jamás tuvo intenciones de violentar el Reglamento de Tránsito.
Esa misma lectura doy a las actuaciones superficiales del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: tal vez ahora tienen incentivos a las remisiones de ciudadanos ya sea con el juez cívico o con el ministerio público, tal vez esto les permite justificar su día a día, el parte policial lleno de detalles y actividades se ve mejor que un parte en el que no sucede absolutamente nada.
Lo que puedo decir es que en este momento no sabemos cuál es el incentivo que tienen los policías para actuaciones inútiles como las que referí, pero que sí causan impacto tanto en los ciudadanos como en el ejercicio de sus libertades. De lo que estoy seguro, es que si el decretario Jesús Orta Martínez no detecta estos incentivos perversos, muy pronto terminaremos con detenciones penales espectaculares que resulten en falsos positivos, es decir, delitos fabricados, a la par que la inseguridad que vive la Ciudad de México no se reduzca ni en cantidad ni en percepción.
