La Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México cuenta con un concepto que debería ayudar de manera fundamental a la transformación de la ciudad: las “medidas de integración urbana”, que la misma ley ha definido como “Las condiciones que deben cumplir las personas físicas o morales que construyan, amplíen, reparen o modifiquen una obra con el fin de integrarla al entorno urbano, a la vialidad, a la estructura socioeconómica, a la infraestructura y a la imagen urbana”.
La realidad ha sido hasta el momento un tanto distinta. Previo a la escritura de este artículo, una persona me buscó para exponer el caso de la calle Gustavo Campa, al lado del Metro Barranca del Muerto, que se encuentra en franco abandono. Miles de personas la usan todos los días conectando al metrobús con el metro, o llegando a los centros de trabajo sobre Insurgentes Sur.
Frente a la calle que describo, recién se construyó un edificio, donde se ubica la empresa Alsea, y un centro comercial, Portal San Ángel. Ambos elementos están desvinculados por completo de la terminal Barranca del Muerto, que se encuentra justo a un lado.
¿Cuál sería la visión necesaria? El desarrollo de Portal San Ángel junto con el Edificio de Alsea debieron quedar integrados al transporte público, y a su vez pagar una rehabilitación tanto de las dos plazas de entrada al metro como de la calle Gustavo Campa hasta llegar, de la forma más cómoda, a Insurgentes.
Desarrollos que entran en los supuestos de la Ley de Desarrollo Urbano se construyen por toda la ciudad aunque hay ciertas colonias y avenidas que concentran la mayor proporción de éstos, por lo que espacios cercanos a Reforma, Insurgentes y en general las colonias céntricas no deberían padecer carencias en materia de transporte, agua, espacio público, áreas verdes, etcétera, que son materias valoradas por las “medidas de integración urbana”. La realidad es distinta.
Es necesario sistematizar las medidas de integración urbana dentro de una visión de ciudad. Estas se determinan, a menudo, en mesas de trabajo integradas por la autoridad, en este caso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y los particulares, que a su vez contratan a un Perito en Desarrollo Urbano encargado de dictaminar las necesidades de integración. En el caso concreto de Portal San Ángel el perito no supo cómo integrar el desarrollo pero no es el único, porque el sistema de reglas prevaleciente deja de lado necesidades evidentes en los grandes desarrollos.
Esto sólo se soluciona con un tablero público en el que la ciudadanía conozca los grandes desarrollos de la ciudad y las áreas de impacto. El propio Secretario, Felipe de Jesús Gutiérrez, en su reciente comparecencia ante la Asamblea Legislativa, mencionaba que en el último año se dictaminaron 67 medidas de integración que “representaron una inversión de casi 8 mil millones de pesos”.
Es urgente hacer una buen articulación de las medidas de integración urbana. Desde marzo de 2016, que asumí la titularidad de la Autoridad del Espacio Público, las medidas que se gestionan a través de nosotros son mínimas. Urge que la AEP vuelva a liderar este tema en lo que se refiere al espacio público para lograr una articulación que beneficie a la ciudad y se articule con los entornos de los desarrollos para una mejor integración urbana.
