/ miércoles 14 de agosto de 2019

Centro de Barrio | La ley más discutida

Cuando hablamos de “Participación Ciudadana”, lo correcto sería una amplia discusión en la sociedad de quéqueremos lograr con la participación, cómo debemos fomentarla y abrazarla, qué métodos nos sirven para mejorar como sociedad y qué métodos debemos cambiar orevisar. La realidad es que las Leyes de Participación Ciudadana son las menos discutidas en nuestra sociedad.

Lo menciono justo porque en días pasados el Congreso de la Ciudad de México votó una nueva Ley de Participación Ciudadana. En comisiones se impuso la mayoría,en el pleno, al menos, dominaron los argumentos. La parte más sensible del dictamen fue la selección de los comités vecinales mediante un proceso de insaculación y nomediante una elección abierta, como se hacía cada tresaños. En el pleno se eliminó este absurdo.

El dictamen aprobado en comisiones también depositaba en un órgano administrativo, la Agencia Digital deInnovación Pública (ADIP), funciones relacionadas contanto con la selección de los comités vecinales como delos proyectos para ser votados en el presupuesto participativo, lo que en la práctica representaba el absurdo decolocar al Instituto Electoral de la Ciudad de México ensegundo plano.

Hay que mencionar que en la práctica el proceso paraaceptar o rechazar proyectos para las votaciones de presupuesto participativo ha contado con una alta discrecionalidad de las demarcaciones. Autoridades delegacionales, en su momento, favorecieron proyectos que podríanhaber tenido vínculos con sus “proveedores favoritos” oque en la práctica suplían obligaciones propias de la delegación, particularmente los relacionados con elalumbrado.

Del otro lado, hay que reconocer ciertos proyectosejemplares que se han ejecutado con presupuesto participativo, como las mejoras a la calle de Yucatán, en lacolonia Roma Norte.

¿Qué deberíamos hacer para lograr mejores proyectosy evitar la participación sesgada de autoridades? En teoría esta fue una de las modificaciones planteadas con lanueva legislación, que deja en el Instituto Electoral laconformación de un comité que revise los proyectos. Meparece una buena opción, pero habría que agregar otrasreflexiones: ¿cómo hacemos para que los proyectos elegidos por los vecinos vayan conformando una imagenconvergente de ciudad? Es allí donde el gobierno centralsí debe contar con alguna participación en el proceso dictando lineamientos, pero en todo caso esto tendría quegenerar discusiones más profundas que una simple negociación de una ley, como en la práctica ocurrió con laaprobación de ésta en el Congreso de la Ciudad.

Uno de los mayores retos democráticos que impone laactual Ley de Participación Ciudadana, desde que fueaprobada en 2004, es incrementar la participación de laciudadanía. Los procesos han tenido la coincidencia deque han sido de baja participación, pero una alta presencia de grupos políticos afines al delegado en turno. ¿Estova a cambiar? Seguramente como sociedad necesitamosacciones mucho más profundas que una nueva Ley deParticipación Ciudadana, para elevar el magro 3.2 porciento de participación que se obtuvo en 2018. De allí quela discusión de estos temas no deba ser pasada por alto omayoriteada.

Nuestra cultura democrática sigue siendo débil y debemos deliberar sobre cómo fortalecerla.

Cuando hablamos de “Participación Ciudadana”, lo correcto sería una amplia discusión en la sociedad de quéqueremos lograr con la participación, cómo debemos fomentarla y abrazarla, qué métodos nos sirven para mejorar como sociedad y qué métodos debemos cambiar orevisar. La realidad es que las Leyes de Participación Ciudadana son las menos discutidas en nuestra sociedad.

Lo menciono justo porque en días pasados el Congreso de la Ciudad de México votó una nueva Ley de Participación Ciudadana. En comisiones se impuso la mayoría,en el pleno, al menos, dominaron los argumentos. La parte más sensible del dictamen fue la selección de los comités vecinales mediante un proceso de insaculación y nomediante una elección abierta, como se hacía cada tresaños. En el pleno se eliminó este absurdo.

El dictamen aprobado en comisiones también depositaba en un órgano administrativo, la Agencia Digital deInnovación Pública (ADIP), funciones relacionadas contanto con la selección de los comités vecinales como delos proyectos para ser votados en el presupuesto participativo, lo que en la práctica representaba el absurdo decolocar al Instituto Electoral de la Ciudad de México ensegundo plano.

Hay que mencionar que en la práctica el proceso paraaceptar o rechazar proyectos para las votaciones de presupuesto participativo ha contado con una alta discrecionalidad de las demarcaciones. Autoridades delegacionales, en su momento, favorecieron proyectos que podríanhaber tenido vínculos con sus “proveedores favoritos” oque en la práctica suplían obligaciones propias de la delegación, particularmente los relacionados con elalumbrado.

Del otro lado, hay que reconocer ciertos proyectosejemplares que se han ejecutado con presupuesto participativo, como las mejoras a la calle de Yucatán, en lacolonia Roma Norte.

¿Qué deberíamos hacer para lograr mejores proyectosy evitar la participación sesgada de autoridades? En teoría esta fue una de las modificaciones planteadas con lanueva legislación, que deja en el Instituto Electoral laconformación de un comité que revise los proyectos. Meparece una buena opción, pero habría que agregar otrasreflexiones: ¿cómo hacemos para que los proyectos elegidos por los vecinos vayan conformando una imagenconvergente de ciudad? Es allí donde el gobierno centralsí debe contar con alguna participación en el proceso dictando lineamientos, pero en todo caso esto tendría quegenerar discusiones más profundas que una simple negociación de una ley, como en la práctica ocurrió con laaprobación de ésta en el Congreso de la Ciudad.

Uno de los mayores retos democráticos que impone laactual Ley de Participación Ciudadana, desde que fueaprobada en 2004, es incrementar la participación de laciudadanía. Los procesos han tenido la coincidencia deque han sido de baja participación, pero una alta presencia de grupos políticos afines al delegado en turno. ¿Estova a cambiar? Seguramente como sociedad necesitamosacciones mucho más profundas que una nueva Ley deParticipación Ciudadana, para elevar el magro 3.2 porciento de participación que se obtuvo en 2018. De allí quela discusión de estos temas no deba ser pasada por alto omayoriteada.

Nuestra cultura democrática sigue siendo débil y debemos deliberar sobre cómo fortalecerla.

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