En un mes estaremos celebrando el primer aniversario de la Constitución Política de la Ciudad de México, y recién ha iniciado el año que la pone a prueba: la elección del primer jefe de gobierno que rendirá protesta guardando y haciendo guardar la carta magna local.
El hito no es menor, la persona que encabece el próximo gobierno podría no ser defensora de esta constitución. En teoría vivimos un momento clave como ciudad, estrenando un marco político, que anticipa la creación en 2020 de un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y además pronto habrá más de 700 hectáreas disponibles para el desarrollo de la ciudad, incluyendo la creación de espacios verdes o azules, en los terrenos del aeropuerto.
Si el próximo o la próxima jefe de gobierno no lleva la Constitución en las venas, corremos el riesgo de simplemente enredarnos en demagogias. La Constitución es garantista, es decir, se enfoca a la creación del “derecho a la ciudad”, pero no estaría convencido de que los cinco nombres que hoy están sobre la mesa (Alejandra Barrales, Armando Ahued Claudia Sheinbaum, Mikel Arriola o Salomón Chertorivski) sean absolutos partidarios del concepto, proclamado en el Artículo 12 de la Constitución.
Al menos los tres posibles candidatos del Frente deberían enarbolar el derecho a la ciudad porque la Constitución es, en buena medida, un éxito de la actual gestión emanada del Partido de la Revolución Democrática. No obstante, pasar del derecho a la ciudad plasmado en la constitución a un programa de gobierno, es el mayor reto: aunque fue el hilo conductor del constituyente no lo está siendo en las precampañas para la Jefatura de Gobierno.
Esto no es menor, hay sin duda muchos retos, pero menciono, a manera de ejemplo, dos con los que estoy más involucrado: movilidad y desarrollo urbano. En movilidad los derechos han sido definidos tanto a nivel constitucional como en la propia ley de la materia, sin embargo el transporte no ha vivido la transformación que exige el discurso, algo que Salomón Chertorivski ha expresado en sus 70 propuestas como “lograr que la movilidad urbana sea un derecho”.
En desarrollo urbano expresaría algo muy similar: muchas colonias están lastimadas por la forma del desarrollo urbano. Sea en la zona central, o en zonas con entradas y salidas acotadas, como las barrancas del poniente, el boom inmobiliario que vive la ciudad se está traduciendo en un deterioro de la calidad de vida porque ni los desarrolladores se comprometen con la solución de los problemas que causan ni la autoridad se los exige (algo que el propio Chertorivski expresa como planear la movilidad de afuera del terreno hacia dentro, no al revés, como sucede hoy).
El artículo 16 constitucional es clave al señalar “El Gobierno de la Ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano ...”. Hay instituciones locales que requieren ser transformadas para que este tipo de garantías se traduzcan en calidad de vida.
El eje de las campañas debe ser el cómo hacer realidad el derecho a la ciudad, los qué ya están dichos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
