Las tarifas del transporte público son bajas, y además entre un aumento y otro se alcanza a acumular un porcentaje relevante de inflación, digamos más del 15%, por lo cual el rezago puede representar varios pesos. Aumentar el transporte público siempre es un tema difícil, causa conflictos sociales, al alcanzar a millones de afectados. Pero el mal servicio también se paga.
En fechas recientes, los transportistas de la ciudad han presionado por un aumento de tarifas, en términos del rezago, por supuesto que está acreditada la necesidad de incremento. En términos de calidad del servicio, podemos estar seguros que no, pero aún así hay rutas que han mejorado su desempeño, y la tarifa resulta insuficiente. La mayoría de los transportes colectivos concesionados cobra entre cinco y siete pesos, pero en ninguno de estos casos se tiene un estándar modelo que podamos replicar en todas las rutas: con esa tarifa es imposible.
El pasado 3 de septiembre, algunos grupos de transportistas organizaron plantones y bloqueos. En las protestas hubo autobuses articulados de Metrobús; no tendría por qué haber sido así: las empresas que trabajan rutas del Metrobús reciben un pago basado en los kilómetros recorridos y están presionando para un mayor pago por kilómetro, pero en teoría esas empresas ya funcionan bien, y la autoridad se está mostrando tibia al no ser más enérgico con ellas.
Que los transportistas hagan bloqueos no es nada nuevo. De hecho esta vez optaron por la conducción lenta para evitar estar en una posición de sanción. Sexenio tras sexenio, y sobre todo al inicio, hemos tenido este tipo de manifestaciones. No tendría por qué ser así, pero mientras no haya una estrategia de mejora de las condiciones del transporte público concesionado, esto se va a repetir periódicamente.
Yo sí creo que el transporte concesionado deba incrementar su precio pero que la mejora de la calidad debe estar sustentada en los incentivos correctos, para evitar que los concesionarios sigan dependiendo del ineficiente “hombre – camión” y sean más rutas las que operen dentro de sociedades mercantiles, con ganancias centralizadas y un pago ya no por pasajero sino por los servicios prestados. El tema de los incentivos correctos es, sin duda, complicado; pero mientras Andrés Lajous, Secretario de Movilidad, y su equipo más cercano, siga ensimismado con ideas incompletas en la materia, difícilmente se podrán construir estos incentivos de forma adecuada.
En mi perspectiva tendría que haber algún tipo de fondeo público hacia los transportistas, independiente del incremento a la tarifa, para que, en la medida que una ruta esté dispuesta a mejorar, pueda recibir un beneficio económico por la transformación.
Hay decisiones de la Secretaría de Movilidad que sí ayudarán a mejorar el servicio, como una probable reestructuración de rutas a partir de una plataforma tecnológica de información del transporte, pero no basta.
Más allá de eso, debe haber algún acuerdo que nos permita actualizar la tarifa por centavos, según la inflación que enfrenten los transportistas, a partir de un pago por medios electrónicos. De esta manera, en vez de subir de siete a nueve pesos, el pago electrónico permitirá actualizaciones menores aún cuando no haya moneda fraccionaria. La clave de la mejora está en los incentivos.
