Nací en 1971, a cuatro meses de la Matanza de Corpus Christi y tres años después de la de Tlaltelolco. Pertenezco a una generación que todavía ha vivido la represión, pero no en la misma escala que las víctimas del 2 de octubre. Aún así, la represión ha estado presente, en múltiples formas en nuestra sociedad. Una de esas formas ha sido la omisión.
La matanza de Acteal, en 1997, fue algo más que el ataque de un grupo religioso a otro: fue la omisión del Estado. La no actuación para brindar seguridad a la población también es una falta en los derechos humanos.
Éstas, lamentablemente, ocurren todos los días de múltiples formas. La desaparición del seguro popular no ha ido aparejada de alternativas para pacientes de enfermedades de tercer nivel como el cáncer. Al no existir los tratamientos, el Estado omite su responsabilidad y de esta forma viola los derechos humanos de las personas.
Más allá de si los paros o manifestaciones magisteriales son justas o no, el hecho de que los niños permanezcan sin clases por las movilizaciones políticas del magisterio representa una omisión por parte del Estado: el derecho a la educación no está garantizado.
Esto ocurre en todas las esferas. Hace unos días, por ejemplo, Jacobo Arribas, manejaba en Viaducto a la altura de Minería, cuando fue embestido por un vehículo que circulaba a alta velocidad y no pudo controlar el coche en las curvas. Como resultado, su camioneta volcó. El otro conductor estaba absolutamente ebrio y quedó herido. En vez de efectuar el arresto durante su atención médica, el arrestado fue Jacobo. Permaneció 48 horas en las galeras de la fiscalía desconcentrada en Miguel Hidalgo, sometido por una red de corrupción que permitió que el responsable se presentara a declarar ya sin los efectos del alcohol, y ni siquiera pudo atinar el color del vehículo de Jacobo: policía preventiva, fiscalía, ambulancia patito y abogados de las aseguradoras suelen ponerse de acuerdo para sacar dinero a los accidentados. Estado omiso, derechos ausentes.
Durante las manifestaciones de los últimos días, el Gobierno de Ciudad de México ha sido tolerante con los saqueos, vandalismos y agresiones de manifestantes. En aras de no mostrarse como los gobiernos represores de hace 50 años, en realidad se opta por la omisión como forma de gobierno. Así, el derecho de manifestación se desvirtúa: las causas pueden llegar a ser un mero pretexto, mientras que los ciudadanos quedan a cargo de la reparación de sus daños. A no ser que ocurran mecanismos informales, como denunció Virgilio Pasotti desde la cuenta @pasotti_: “¿Amigos de la @ColCuauhtemoc a ustedes también les pagaron los daños sufridos el viernes por los anarquistas y brindaron seguridad 24/7 en cada condominio o solo a los vecinos influyentes de Champs-Élysées?”
Tras nuevas manifestaciones violentas, nuevos vandalismos, saqueos y agresiones, el lunes 8 de junio cayó un diluvio. En cuando la lluvia menguó, la Jefa de Gobierno se asomó por la ventana y captó la imagen de la alfombra blanca y la compartió en sus redes sociales: “Granizo en el Zócalo”. Inundaciones, vidrios rotos, comercios robados se volvieron invisibles. Pocas imágenes pueden ser más frívolas y distantes, en una Ciudad Indomada y sin Derechos.
