En México la verdad siempre es relativa, o así parece, y más en estos momentos donde tanto a nivel nacional como a nivel local todo queda en función de quién lo dice y hay más de una verdad.
Las cifras en materia de seguridad con las que cerró la pasada administración no fueron halagüeñas. Esto está más que juzgado: Claudia Sheinbaum ganó con el 47 por ciento de los votos, mientras que Alejandra Barrales sólo alcanzó el 31 por ciento , por lo que podemos interpretar un rechazo de dos terceras partes del electorado activo.
Las cifras del actual gobierno no son mejores. Hay delitos sensibles en aumento, pero esto es algo que se niegan a reconocer. En el marco del “informe” que la Jefa de Gobierno rindió en un evento político, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, “Pepe” Merino, tuiteó: "En síntesis, se ha logrado revertir la tendencia a la alza en 13 de 17 delitos. Notorio en delitos con muy baja cifra negra. Quedan tareas pendientes en Robo en microbús; a cuentahabiente; en Metrobús; a conductor o pasajero de vehículo; y robo a transportista (fin)".
Más allá de que listó pendientes en cinco delitos y no en cuatro, ayer la Agencia Digital publicó un comparativo mediante el cual asegura que hubo un subregistro de los delitos mediante una clasificación inadecuada. A partir de una nueva clasificación, por ejemplo sumando homicidio doloso y feminicidio, el homicidio intencional sube 11.5 por ciento.
En redes sociales, Merino asegura a este autor que “El análisis lo hizo snsp con asesoría de ONU.” (SNSP se refiere al Sistema Nacional de Seguridad Pública). Yo puedo coincidir en que la nueva clasificación sea mejor, puedo coincidir que en la pasada u otras administraciones se hayan acomodado las cifras a conveniencia. Hay algo muy claro: la reclasificación de los delitos y las nuevas cifras de carpetas de investigación obedece a que los números de la ciudad no van bien.
En Tlalpan se utilizaron estas cifras que ahora el gobierno de la Ciudad de México cuestiona, cuando Claudia Sheinbaum fue la delegada. Estas cifras eran públicas y las cuestionan hasta ser un problema del gobierno actual. Y si usamos la nueva clasificación para comparar las cifras del primer semestre de 2019 con el primer semestre de 2018 veremos que hay incrementos del 7.4 por ciento en el número total de delitos, 72.2 por ciento en robo a casa habitación, 69 por ciento en robo a negocio con violencia ... si bien podemos reconocer que el robo de vehículo con violencia disminuyó en 4.6 por ciento (el lunes mi vehículo fue robado con violencia, por cierto), y el secuestro bajó 70.4 por ciento , en vez de subir 185.7 por ciento como se había dicho poco después de la desaparición de Norberto Ronquillo.
Es obvio que la administración de Claudia Sheinbaum no tiene aún el control de este grave problema. Aún así, los funcionarios que la rodean quieren mantener el pleito con la administración anterior. Está bien que se revisen las clasificaciones de los delitos, pero no que se intente acusar a otros de haber escondido carpetas de investigación debajo de la alfombra para justificar los malos resultados. Para ello recomendaría procesos más abiertos, que sean claros en qué oficina de Naciones Unidas participó en la reclasificación y cuál fue su rol específico. Me parece que no están dando la cara a los problemas y siguen usando un escudo que ya se agotó.
