No toda obra pública es buena. Muchas obras públicas son genialidades del gobernante en turno. El segundo piso del Periférico lo fue para el entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador. Los ejes viales de Carlos Hank González afectaron a muchas colonias, elevaron la velocidad en las calles y han ocasionado miles de muertes en las 4 décadas que llevan en operación.
En su momento, la nucleoeléctrica de Laguna Verde causó preocupación. Algunas carreteras han afectado zonas naturales o han dividido comunidades. La ampliación de puertos ha destruido manglares. Algunas presas desaparecen pueblos completos. Sea por lo social o por lo ambiental, las obras públicas no siempre son la mejor opción, pero aún de serlo, lo mínimo es que lleven un proceso pulcro en la satisfacción de los requisitos ambientales, sociales, de protección civil o en general de todos sus impactos.
En un país que históricamente ha padecido la falta de planeación, los recursos jurídicos para forzar al Estado a planear la obra pública deben estar presentes. No podemos supeditar la infraestructura al sentir del gobernante en turno, así sea el lúcido que hoy dirige el país, o el frívolo que gobernaba hasta hace 14 meses. Debe haber procesos institucionales, tanto en lo nacional como en lo local.
En Ciudad de México, Claudia Sheinbaum improvisa un teleférico en plano, un trolebús elevado y un segundo piso en un área natural protegida. Cualquier juicio de amparo en contra de estas obras tiene una alta probabilidad de ser desechado de entrada, porque quien lo promueva debe demostrar su “interés legítimo”, es decir, una afectación directa de las obras; esto ya es una barrera, porque no basta con ser defensor de la movilidad sustentable, del derecho al arraigo o de la naturaleza (que la ley de amparo interpreta como “interés simple” y no admite el juicio).
Los amparos contra las obras del Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas, y que buscaron proteger los avances en las de Texcoco, responden al interés de los promoventes por seguir procesos institucionales y no caprichos: #NoMasDerroches. Ellos tienen los mismos derechos que quien escribe estas líneas y quienes lo leen.
En el caso de Santa Lucía, sin una Manifestación de Impacto Ambiental o sin la viabilidad aeronáutica, no debía iniciar la obra. En el caso de Texcoco, hubo un proceso administrativo para asignar y ejecutar recursos públicos en el proyecto que se canceló: ¿Por qué estas obras se suspendieron a partir de una consulta privada realizada por una organización social que no representa al Estado?
El amparo contra la obra pública no es un obstáculo al desarrollo del país: el desarrollo no es lineal. Es decir, no por hacer obra pública seremos mejores o se mejorará el presente o el futuro. El amparo en realidad es para garantizar que la obra pública respete las garantías individuales, desde múltiples aristas.
Desde el Senado se propuso reducir los alcances de la juarista Ley de Amparo, al parecer ya se dio marcha atrás, pero lo que tendríamos que exigir es que la legislación asegure tanto los procesos de planeación para la determinación de la obra pública, como el cumplimiento de todos los requisitos legales antes de iniciar la ejecución, incluyendo el respeto irrestricto a las garantías, sin que éstas terminen sometidas al referendo público.
