La discusión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el Presidente López Obrador como Iniciativa Preferente dejó al descubierto una serie de subterfugios y artimañas técnicas y financieras para esconder el objetivo de despojar al Estado mexicano de uno de sus más importantes activos y dejar el espacio de ese gran negocio a las empresas privadas, principalmente extranjeras. Un buen ejemplo de estos subterfugios son los denominados Certificados de Energía Limpia (CEL) que quizá debieran denominarse mejor Certificados de Estafa Limpia, porque se trata de documentos que permiten “limpiamente” disfrazar verdaderos subsidios otorgados a las empresas privadas.
Un CEL es en realidad un documento de crédito que puede comprarse y venderse en el mercado de la electricidad y que otorga la Comisión Reguladora de Energía a quienes producen las denominadas energías limpias, fundamentalmente la eólica y la solar. Cada uno de estos certificados representa dinero para el productor quien puede venderlo, en un mercado especulativo no regulado, a otro proveedor que no genere energía limpia y, de hecho implica la obligación impuesta a la CFE para comprarlos, transfiriendo de ese modo recursos públicos a los productores privados. Para colmo la energía limpia que produce la CFE en sus hidroeléctricas y su central nuclear —que cubre el 19% de la energía nacional— no era considerada como tal para otorgarle dichos certificados, porque se diseñaron específicamente en favor de las plantas privadas. La política neoliberal suele condenar los subsidios pero sabe muy bien disfrazarlos cuando conviene a los intereses de grandes inversionistas. Obtener recursos por el mero cumplimento de una obligación me parece nefasto, pero por lo menos la reforma permitirá a las plantas de la CFE tener acceso a esos certificados.
Otra artimaña consiste en ocultar el verdadero costo de las llamadas energías limpias, pues solo se considera el costo variable que proviene del insumo necesario para generar la energía; bajo el razonamiento de que el aire y el sol no cuestan, se les considera su costo variable como equivalente prácticamente a cero y no se toma en cuenta el conjunto de costos fijos que tienen estas empresas Las cuales además aprovechan el empleo de la red de distribución de carácter público.
En los nuevos términos legales se considerará el “costo unitario” de generación que deberá incluir los costos fijos de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo. El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Dip. Manuel Rodríguez González explicó que “Con ello, las generadoras eólicas y solares privadas que declaran un costo cero pasan a ser las más caras con 2.70 pesos por kilowatt por hora.” Suponiendo que de verdad se tratara de un mercado competitivo, cuya falsedad demostré en mi anterior colaboración, la referida práctica implicaría una violación a la regla de competencia conocida como dumping, que consiste en vender un producto por debajo de su verdadero costo. Al presentar el dictamen, el diputado indicó: “Las renovables no son las más baratas en generación y tampoco en inversión. Una central de ciclo combinado tiene un costo unitario de inversión de 1,622 dólares por kilowatt por hora, mientras que las fotovoltaicas 2,701 dólares por kilowatt y las eólicas 3,983 dólares por kilowatt.”
Ninguno de estas cifras fueron desvirtuadas por las intervenciones en contra de la reforma que prácticamente se centraron en la defensa de las energías limpias y la supuesta vulneración de tratados internacionales, sin que se especificaran los puntos concretos que pudieran resultar violados. Por supuesto que lograr una producción energética con menor empleo de combustibles fósiles es un buen propósito, pero no debemos renunciar a recurrir a los insumos de que disponemos en mayor medida. Grandes potencias siguen esa política como lo demuestran las proporciones de carbón que en Estados Unidos se emplea para producir el 24 % de su electricidad, en Alemania el 37 % y en China el 66 %; mientras que en México sólo representa el 9%.
Otra importante modificación es eliminar la práctica de llamar “subasta” a la compra adelantada a precios preestablecidos con 20 años de anticipación, la cual ha sido otra forma de subsidio que garantiza al inversionista privado un rendimiento seguro a costa del erario público, pues lo que produzca le será comprado a un precio redituable para él, con independencia de las variaciones que se den en el mercado. Para colmo, la obligación de comprar o vender a un determinado precio no implica un compromiso efectivo de que la energía será entregada físicamente por quienes participan en esas transacciones financieras, por eso la reforma exigirá que el productor se comprometa a la entrega física de la energía. Si el Senado no mueve ni una coma a lo aprobado, se fortalecerán las finanzas públicas y nuestra soberanía energética.
