A México le costó casi 30 años convertirse en una economía emergente industrializada, lo cual no es un fin en sí mismo sino que es la vía para conquistar ciertos niveles de crecimiento, consolidar infraestructura, ser capaz de atraer inversiones, desarrollar actividades económicas bien remuneradas, incorporar mejor tecnología a sus procesos productivos, incluir a sus empresas nacionales a cadenas productivas con mayor valor agregado y, eventualmente, crear confianza que le permita ganarse un lugar en el mundo moderno y avanzar gradualmente hacia la consolidación económica.
Más o menos íbamos siguiendo un camino lleno de altibajos, incluso la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial calificó en 2018, a México como una de las dos economías más dinámicas de la región (la otra era Brasil), con las industrias más competitivas en América Latina; sin embargo, desde hace poco más de un año, parece que la única estrategia trazada es la del retroceso: renunciar a nuestro inacabado proceso de crecimiento y dinamitar la confianza que México generaba en el mundo.
Además, como si se tratara de una maldición, este año trajo los efectos irrefrenables de una pandemia global que ha obligado a cerrar las cortinas de las unidades productivas no esenciales y a replegar en casa a la fuerza productiva y laboral formal del país.
En ese sentido, muchos nos hemos preguntado dónde están las políticas públicas destinadas a asegurar que la pandemia no precarice las condiciones de vida de las y los mexicanos de forma permanente, cuál es el plan para detener el deterioro económico causado por la pandemia. En vez de respuestas claras, hemos visto que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial bajó 29.63% durante abril (INEGI) y que México ya no está entre los 25 destinos más atractivos para recibir inversiones (Índice Kearney 2020).
El deterioro que desembocó en los preocupantes datos anteriores, es previo a la pandemia y obedece a la desafortunada estrategia gubernamental de cerrarse al mundo y volver a recetas propias de los años de sustitución de importaciones, que ya no corresponden con la realidad globalizada en la que vivimos.
Entre las decisiones más alarmantes, esta semana la SENER presentó el anteproyecto del Programa Sectorial 2020-2024, cuyo fin es rescatar a dos empresas productivas del Estado: CFE y PEMEX, con el argumento de que mejorar las capacidades productivas de México disminuiría la dependencia de importaciones; lo cual sonaría muy bien si PEMEX no estuviera en números rojos y si la CFE no tuviera perdidas millonarias asociadas a fallas técnicas elementales como el mantenimiento.
Y es que no es ningún secreto que el desempeño de ambas empresas ha sido cuestionado por sus malos resultados; incluso, en el seno de la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos se calificó de “poco alentador” el Informe Trimestral de Seguimiento de Campos Prioritarios de PEMEX Exploración y Producción, presentado en la pasada sesión del 27 de mayo. Mientras que la Balanza Comercial de Generación Eléctrica arrojó que en 2019, el valor de las exportaciones mexicanas fue de 25,985 millones de dólares, mientras que el valor de las importaciones fue de 47,207 millones de dólares, lo cual muestra un saldo negativo de 21,222 millones de dólares.
Es decir, la SENER busca favorecer a PEMEX y CFE, echando atrás los pasos andados por la Reforma Energética; uno de los argumentos centrales era que dicha reforma daba contratos ventajosos a ciertas empresas, ¿y no es más eficiente revisar las reglas en lugar de echar a la basura proyectos en marcha y exponerse a conflictos contractuales que podrán escalar al arbitraje internacional?
Ningún país medianamente confiable modificaría las reglas previamente establecidas sin consultar a las partes afectadas y pasando por encima de contratos ya firmados porque dichas acciones tienen consecuencias jurídicas que regresarán en forma de amparos y, en el peor de los casos, de indemnizaciones millonarias.
En todo caso, cuando una administración gubernamental sospecha de opacidad en las decisiones del pasado, debe revisar a los jugadores y a las reglas con criterios muy estrictos de transparencia y objetividad, pero no desechar unilateralmente las reformas que el mismo Estado impulsó y menos para darle mayor espacio a empresas paraestatales que han dado resultados deficientes porque eso significa darles permiso de operar al margen de las leyes de competencia económica más elementales y seguir siendo ineficientes con dinero público que en estos momentos hace falta para evitar una crisis económica derivada de la pandemia.
En otros temas, esta semana se reunirá el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía para someter a aprobación el Suplemento del Programa Nacional de Normalización, que esencialmente es el listado de temas que serán revisados en la segunda mitad del año. Asimismo, habrá periodo extraordinario de sesiones en el Senado para actualizar el marco jurídico necesario para hacer operable el TMEC: se reformaran las leyes de Derechos de Autor, de Propiedad Industrial, de Impuestos Generales de Importación y Exportación, la Ley Aduanera y muy particularmente, la Ley de Infraestructura de la Calidad.
