Por Amalia García Medina
El 25 de octubre, 78% de chilenos y chilenas votaron APRUEBO a favor de una nueva Constitución, y 79% porque quienes integren la Asamblea Constituyente sean producto de una elección ciudadana y con el único y exclusivo fin de redactarla. El altísimo porcentaje a favor de la misma y la forma para integrar la Asamblea, la dotan de una gran legitimidad.
Dos han sido las causas de fondo de la movilización de millones por un cambio: la desigualdad y un poder Ejecutivo que - incluso sin mayoría absoluta en el Congreso - tiene las facultades para ordenar a los Carabineros y al Ejército actual contra la población, como sucedió recientemente con el decreto de estado de excepción.
Ambas causas de la profunda inconformidad - la social y la política - han tenido sustento en la Constitución promulgada por Pinochet.
Eso explica el lema de quienes protestaron en octubre de 2019 contra el aumento del boleto del metro: “no son treinta pesos, son treinta años”. Ciertamente, además del cuestionamiento sobre el origen ilegítimo de esa Constitución emanada de un gobierno golpista, ésta contiene las reformas estructurales del Consenso de Washington, que disminuyeron la presencia del Estado en detrimento del acceso a educación, pensiones dignas y atención a la salud, en beneficio del mercado y del sector financiero.
A treinta años, el saldo es negativo. El 1% más rico concentra alrededor del 25% del ingreso nacional, mientras 26% de la población sufre pobreza multidimensional.
La privatización a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones - en la Constitución - lo muestra: lo que reciben la mayoría de los jubilados no cubre sus necesidades esenciales y en 79% de los casos el monto es inferior al salario mínimo, mientras el sector financiero se beneficia con su manejo.
En lo que respecta a la educación superior, la deuda por los créditos estudiantiles suele durar varios años - a pesar del alivio del Crédito con Aval del Estado impulsado por Lagos y Bachelet - y llega, en algunos casos a representar hasta el 50% del salario de un egresado. Eso explica la decidida participación de la juventud demandando un cambio que les garantice futuro.
La multitudinaria y constante manifestación de las mujeres - que fue un detonante de la incorporación de miles de personas - fue por su decisión de exigir otro trato por el Estado, la sociedad y en las familias. El colectivo Las Tesis puso el dedo en la llaga con su performance “Un violador en tu camino”. Las encuestas informan que 72% han sido víctimas de algún tipo de violencia de genero; 47% tienen personas a su cuidado, y la tasa de empleo de mujeres es de sólo 41.1%, un empleo precario.
En cuanto a la salud, enfermarse en muy oneroso, sobre todo tratándose de enfermedades catastróficas, y en atención por el sector privado es un golpe a la economía familiar.
Michelle Bachelet en su segundo periodo, coincidiendo con los reclamos de estudiantes a favor de un cambio, inicio un proceso de discusión para elaborar otra Constitución, pero ese esfuerzo se sepultó al asumir Sebastián Piñera la presidencia.
Sin embargo, el aumento del boleto del metro fue la gota que derramó el vaso, y la gente se volcó a la calle hasta lograr que el gobierno aceptara el plebiscito por una constitución que sustente un nuevo rumbo.
Y finalmente, el Constituyente con paridad de género y 155 integrantes se instalará en abril de 2021, y sesionará de mayo del próximo año a mayo del 2022.
El mismo tiene la encomienda de tejer un nuevo pacto social, cuyos objetivos serán disminuir la desigualdad con otro modelo económico; establecer un Estado solidario en el que la educación, la salud y pensiones dignas se consideran derechos no subordinados al interés del mercado; y diseñar un nuevo régimen político con menos facultades al Presidente, y más participación ciudadana.
El reto de La Asamblea Constituyente es formidable y apasionante porque su tarea será fundacional: intentarán sentar las bases de un nuevo país.
