*Por María Luisa Calero
La República de Chipre ocupa el primer lugar de la Unión Europea (UE) en flujos migratorios. Esta pequeña república, con menos de un millón de habitantes, tiene el mayor número de solicitudes de asilo per cápita entre los 27 miembros de la UE.
El pasado 16 de mayo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) reportó que en los primeros cuatro meses de 2022 hubo alrededor de 57,800 entradas irregulares a la UE; de estos, más de 9,000 personas en la ruta migratoria del Mediterráneo oriental. La razón primordial fue el aumento en el número de llegadas a Chipre; 86% mayor contra el mismo período de 2021.
El número de migrantes que han recibido o han solicitado protección en Chipre representa poco más del 4% de la población, por lo que el gobierno del presidente Nikos Anastasiadis está considerando no aceptar nuevas solicitudes de asilo, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos.
Por su parte, los servicios para los refugiados son insuficientes: en Pournara, Nicosia, los migrantes hacen filas a la espera de ser admitidos en las instalaciones; no hay suficiente agua corriente, los sistemas de alcantarillado funcionan mal debido al hacinamiento y no hay las áreas de cuarentena necesarias para las personas contagiadas de COVID-19. Al mes de abril, Pournara albergaba alrededor de 2,680 personas cuando su capacidad máxima es de 1,000.
El 85% de los migrantes irregulares que ingresan a la isla, en su mayoría provenientes de la República Democrática del Congo, Siria y Nigeria, llegan al norte separatista desde el aeropuerto turco de Estambul o sus puertos del sur, para luego cruzar la zona de amortiguación controlada por las Naciones Unidas y, buscando entrar y tener libre circulación en la Unión Europea, ahí presentar su solicitud. A principios de mayo, el gobierno chipriota presentó una propuesta para que se pudieran contratar a 300 oficiales de policía especiales durante 18 meses para detener el aumento de los flujos migratorios desde el norte separatista. Este proyecto de ley se espera sea aprobado por la Cámara en las próximas semanas.
A pesar de los acuerdos entre el gobierno chipriota y las autoridades en materia de gestión migratoria de la UE; y de los esfuerzos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Chipre, Katja Saha, de mejorar la gestión de campamentos, infraestructura y la eficiencia en el procesamiento de las solicitudes de asilo, la afluencia de ilegales está rebasando los procesos.
Adicionalmente, Chipre atendió el llamado de la Unión Europea para apoyar al pueblo de Ucrania. Al mes de abril, había alrededor de 15,000 ucranianos en Chipre: 5,000 que ya residían en la isla y el resto que llegó a partir de la invasión rusa. A estos últimos, se les otorga un derecho de residencia, alimentación, educación, atención médica y empleo de 12 meses.
Los datos sugieren que, con la crisis migratoria, Chipre se enfrenta a un cambio demográfico importante, con efectos socioeconómicos agudos. Con sus recursos limitados, es de primordial importancia que Chipre encuentre soluciones infraestructurales y de financiamiento en coordinación con la UE para hacer frente a estos desafíos.
*Titular de la Cátedra A.G. Leventis en Estudios de Chipre, Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac
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