Desde hace varios años desapareció la costumbre de hacer pública la identidad de los ganadores de los principales premios de la Lotería Nacional. Con el incremento pavoroso de la criminalidad, los nuevos ricos quedaban expuestos no sólo a la admiración y la curiosidad popular, sino al secuestro para exigir como rescate la entrega de sus fortunas.
Cientos de historias se tejían alrededor de los agraciados de la caprichosa diosa griega que cambiaba la vida, para bien o para mal, de ellos y sus familias. Los nombres de los ganadores de la Lotería o de Pronósticos quedan hoy en el anonimato como protección obligada frente al crimen que asecha implacable. Por uno de los caprichos presidenciales, el próximo quince de septiembre habrá cien nuevos ricos si por riqueza se consideran veinte millones de pesos que obtendrán los triunfadores de la rifa, que no es rifa, del boing 787, una cantidad considerable para una persona o una familia de clase media o baja como lo son los tenedores de los boletos participantes en ese singular reparto.
Candidatos seguros al plagio de sus personas, la difusión de sus nombres y datos, por aquello de la transparencia que pregona el gobierno los pondría en grave riesgo de ser asaltados en el momento mismo de cobrar la elevada suma, que muy probablemente les sea entregada en persona y a la luz pública, dada la aversión que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene por el sistema bancario y su manía de prescindir de todo intermediario, sea una organización o una institución. Pero el peligro de una operación masiva por parte de la delincuencia en contra de los particulares agraciados en el sorteo de la Lotería Nacional posiblemente quede conjurado en el caso de que los premios ganadores del quince de septiembre recaigan en buena parte en los miles de boletos que estén en manos de los empresarios que los adquirirán obedeciendo a la presión gubernamental –verdadera extorsión similar al cobro delincuencial de derecho de piso-- que padecen cientos de miles de comerciantes y empresarios medianos o pequeños víctimas de ese delito creciente en el país en los últimos años. Guardando para sí los boletos obligadamente comprados, los empresarios mostrarían un escondido rezongo a la orden presidencial de contribuir a la solución del problema del desabasto de medicinas y equipo médico, que legalmente correspondería al gobierno que lo provocó. A la vez, con ese volumen de boletos el empresario ensancharía la ley de probabilidades inclinándola a su favor.
Los tenedores de los boletos ganadores tienen otra esperanza para eludir la acción de la delincuencia. De aquí al quince de septiembre puede aparecer, debidamente publicada y ampliamente difundida la constitución moral cuya obediencia convencerá a los delincuentes de abandonar su comportamiento antisocial y emprender el camino del bien. Otra opción será la prédica moralizante acompañada de un decálogo especialmente dirigido a los secuestradores que los convenza de respetar la vida y los bienes de sus semejantes. La constitución moral y los diez mandamientos de la prédica desde lo más alto del poder dejarán a salvo a las potenciales víctimas de la criminalidad que gracias a ello –y no a la aplicación de la ley y al uso legítimo de la fuerza del Estado—desaparecerá para siempre de la hoy desolada geografía de la sufrida república. A golpes de decálogos y citas bíblicas, no habrá entre nosotros más abriles, Ingrids, niñas llamadas Fátima ni ganadores de la caprichosa lotería temerosos de ser víctimas de su propia suerte. Todos seremos felices.
Para López Obrador el camino está trazado: el avión presidencial no cambiará de dueño pero sí dará para obtener recursos adicionales que podrán extenderse a toda la flota de aparatos de los que quiere enajenarse sin perder su dominio. Negocio redondo.
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