A esta altura de la actual administración en la Ciudad, todos hemos escuchado que vivimos en una “Ciudad Innovadora y de Derechos”, y podríamos coincidir de inicio, pero debemos reflexionar si es verdad, o ahora es una promesa que no se cumplirá; pues hablar de Innovar, es pensar en cambios e ideas que rompan esquemas tradicionales, en beneficio de todas las personas y del desarrollo del país.
Mencionaba en este espacio, que es obligación de todas las autoridades garantizar que se cumplan y ejerzan los derechos reconocidos en la Constitución, sin condición alguna.
Sin embargo, pareciera que es favor o gracia de la 4T, pero aún así, todo se queda en el discurso; pues esta administración llegó a su punto máximo y ahora comienza su ocaso, pues le quedan menos de tres años para rendir cuentas del periodo para el que fue electa.
Sobra decir que a estas alturas, señalar a las administraciones anteriores como responsables de todo lo malo que pasa ya no es creíble; pues por cada día que pasa en blanco, sus funcionarios van sumando responsabilidades por omisión o por hacer las cosas mal; lo peor es que se repite en muchas áreas del gobierno.
Recientemente he señalado la falta de atención que sufren las personas con discapacidad en la CDMX, y el tema no es menor pues, de acuerdo con datos del INEGI aquí se encuentran más de 2 y medio millones de personas que padecen alguna discapacidad. De ellos, casi el 5% tienen discapacidad respecto a la comunicación; el 6% para realizar actividades esenciales; más del 12% presenta problemas de concentración; el 15% en oído y habla; el 25% tiene problemas de movilidad, y poco menos del 38% presenta discapacidad visual.
La pregunta concreta es: ¿Qué ha hecho esta administración en favor de las personas con discapacidad?
Lamentablemente la respuesta no es tangible por nadie y para nadie; pues en vez de “progresividad de derechos”, vemos infraestructura de apoyo para personas con discapacidad sin funcionar, en abandono o simplemente no existe, y no parece prioridad para el gobierno.
Ha olvidado la 4T que con esta omisión, comete actos de discriminación en contra de las personas con discapacidad, y siguen vulnerando sus derechos al minimizar su condición, para no brindarles la atención prioritaria o la accesibilidad a la que obliga la Ley.
Es triste decirlo, pero de nada sirve que tengamos leyes sólidas y que en la CDMX se hayan creado instituciones para cuidar de los derechos de las personas con discapacidad, si no hay forma de obligar a las autoridades y a todos en general a cumplir compromisos en beneficio de estos más de 2.5 millones de personas.
Sólo para poner en contexto el nivel de abandono en el que esta administración tiene a las personas con discapacidad, la Ley de Accesibilidad publicada en enero de 2017, señalaba un periodo de 120 días para emitir su Reglamento; sin embargo, terminó el sexenio anterior en 2018, y en esta administración ha pasado el doble de tiempo -es decir, más de 3 años- sin que la Ley pueda tener su Reglamento, vergonzoso.
Que no vengan a decirnos que es culpa de la administración anterior, pues ha pasado tiempo suficiente para que revisen sus obligaciones y se pongan a trabajar en beneficio de la ciudadanía.
Es lamentable que en los hechos aún existan rezagos tan importantes, y no tengamos en el espacio público medidas de accesibilidad universal. Más grave aún, porque tienen por moda y bandera la Agenda 2030 y sus objetivos.
En efecto, todo queda ahí ¡en moda y discurso! pues ¿Cuántos años más necesita la Jefa de Gobierno y su Consejero Jurídico para emitir un Reglamento? Espero que sea el suficiente antes de que se vaya a hacer campaña o acabe su mandato, y no pase de noche el Reglamento de esta Ley, como el resto de su administración.
