No se puede negar que las elecciones de 2018 se llevarán a cabo en una atmósfera cargada de turbulencia política, la cual implica sin duda un grave peligro para el país. ¿Cómo evitarlo? Se trata de las elecciones más difíciles y complejas de los últimos años. Sin embargo, la responsabilidad de su desarrollo es exclusivamente nuestra, de los mexicanos, de los electores y por supuesto de los aspirantes a cargos de elección popular, desde presidentes municipales hasta Presidente de la República. ¿Cómo evitar, repito, aquel peligro? Al respecto se han hecho dos claras y severas advertencias provenientes de dos personajes de la vida pública del país, la una, del presidente del Instituto Nacional Electoral doctor Lorenzo Córdova (v. EL SOL DE MÉXICO del 14 de diciembre) y, la otra, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Luz María Aguilar Morales. Éste último, corroborando la advertencia de aquél, en su informe de labores correspondiente al año en curso manifestó, con especial energía y ante el Presidente de la República, que seguramente será complicado el proceso electoral del año próximo e insistió en que “debe reafirmarse que una de las misiones más delicadas que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica; si así lo hacemos autoridades y ciudadanos, la cosecha de esa labor será invaluable y lo será porque la seguridad jurídica genera certeza en todos, permite la convivencia y mejor aún, permite la paz”. Exacto, necesitamos certeza, necesitamos creer. Y necesitamos paz.
Ahora bien, si perdemos la paz y hay zozobra social, si caemos en el riesgo de la amenaza o de algo peor que sería la violencia civil, el enfrentamiento violento de inconformidades y de criterios distintos, México retrocedería en el camino por el que vamos. Es difícil, casi inconcebible, que los actores políticos del 2018 no lo sepan o no lo perciban. No obstante las pasiones, las rabias contenidas, la injusticia, levantan los ánimos hasta el espacio peligroso de la agresión y del acometimiento. Por eso se debe actuar con legalidad, que es el instrumento que controla los desfogues sociales. En suma, respetar las reglas del proceso y presentarle al elector opciones claras sin estridencias verbales ni desviaciones retóricas. Y en la especie tranquilizan dos cosas, por una parte la advertencia sobre la legalidad del presidente del Instituto Nacional Electoral y por otra el mensaje del presidente de la Suprema Corte.
Es de esperar que ésta, en el caso, no sólo haga cumplir la ley sino que actualice su presencia en el pueblo como vigilante y garante de la legalidad; y también actuante del respeto que merece el valor de la justicia, es decir, que el pueblo sepa que uno de sus tres Poderes estará pendiente en toda su amplitud de un proceso político histórico. Nuestra tradición jurídica así lo reclama. No nos servirá en 2018 una Suprema Corte pasiva, “en espera de”, porque quien aplica ley al más alto nivel tiene la obligación de actuar motu proprio, desde luego sin desacato a aquélla, transformando al juez pasivo en uno activo. No hay que olvidar, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza el presidente de la Suprema Corte, tiene entre sus funciones la vigilancia y disciplina del Poder Judicial (artículo 94 de la Constitución). Dos cosas fundamentales que México necesitará en 2018, vigilancia (para el cumplimiento y acatamiento de la ley) y disciplina (que es “hacer guardar la observancia de las leyes”). Una Suprema Corte que vigile, uno de los tres poderes de la Unión que “haga guardar la ley” y esté cuidadosamente atento al próximo proceso electoral ya es tranquilizante, dará certeza y confianza. ¡Ojalá!
@RaulCarranca
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