Por: Luis Raúl González Pérez
La crítica situación que nuestro país continúa enfrentando en materia de violencia e inseguridad, es uno de los factores que mayor incidencia tienen en la forma y términos en que los derechos humanos son vigentes en México, a la vez que constituye el mayor obstáculo, tanto para el desarrollo de las personas, como del mismo país en lo general. La falta de paz y de seguridad, son síntomas de una institucionalidad y Estado de Derecho débiles, donde el cumplimiento y aplicación de la ley no se garantiza, así como tampoco el respeto y vigencia de los derechos.
La necesidad y urgencia de que México tenga más y mejor seguridad, así como de que se adopte un enfoque integral y multidisciplinario para el diseño e implementación de las políticas públicas, han sido cuestiones que desde hace varios años la CNDH ha sostenido de manera firme y constante, de la mano de organizaciones de la sociedad civil, expertos, académicos y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, al igual que la oposición a que las tareas vinculadas a la seguridad pública se sustraigan de la esfera civil y se dejen en manos de instancias militares. La violencia no puede sólo combatirse con más violencia y el uso de la fuerza no puede ser el principal recurso que el Estado utilice para construir la paz y pretender alcanzar la justicia.
Son múltiples los esfuerzos que desde hace varios años se han realizado para atender estos problemas, así como los recursos públicos que se han destinado a ello, sin embargo, el enfoque desde el que se han formulado las políticas públicas, planes y programas en la materia, el cual ha privilegiado la reacción y el uso de la fuerza, sobre la prevención y la atención a las causas que generan los problemas, no ha permitido que presenten los resultados que serían de esperar, además de propiciarse violaciones a los derechos humanos. Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Tierra Blanca, Nochixtlán o Iguala, son tan sólo algunos de los casos que la CNDH ha investigado y en los que ha denunciado la existencia de violaciones graves a los derechos humanos, tales como ejecuciones arbitrarias, tortura o desaparición forzada, derivadas del uso indebido de la fuerza por parte de autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno.
El uso debido y justificado de la fuerza, es una atribución legítima del Estado que debe reservarse como un último recurso, con sujeción a protocolos que den certeza, tanto a civiles como a las autoridades, sobre la forma, término y condiciones de su uso. Tan grave es su uso injustificado y arbitrario, como también lo es que no se utilice cuando es procedente y necesario. Renunciar por completo al uso de la fuerza legítima incentiva el desarrollo de actividades ilícitas, a la vez que pone en un riesgo innecesario a las autoridades que intentan aplicar la ley, prevenir la violencia y garantizar la seguridad de las personas, en tanto se aumentan las posibilidades de que sean víctimas de ataques o agresiones. El uso indebido de la fuerza es lo que viola derechos humanos, no así su utilización justificada y sujeta a los estándares internacionales que se han definido para ello.
Es posible que México supere la grave situación que enfrenta en materia de violencia e inseguridad, pero ello debe hacerse en un marco de respeto a los derechos humanos. Seguir centrando la estrategia estatal en estos ámbitos en el uso de la fuerza constituye una respuesta limitada y parcial, que poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad y a la consecución de justicia. El enfoque integral que se demanda, implica garantizar que los delitos efectivamente se investiguen y que la aplicación de la ley no quede sujeta a apreciaciones discrecionales o sea objeto de negociación. En esta tarea, la creación y operación de 33 fiscalías autónomas en el país resulta indispensable, cuestión que trasciende y complementa la operación de instancias como la Guardia Nacional, la cual, por sí misma, no constituye la solución a la crisis que el país enfrenta, pero sí puede ser parte de la respuesta al problema.
La atención a la crisis de violencia e inseguridad que México enfrenta, debe reconocerse y asumirse como una prioridad nacional, más allá de agendas políticas o programas de gobierno, que requiere la participación de todas y todos los mexicanos, así como la suma de esfuerzos y capacidades de todas las autoridades, organizaciones y personas que tengan algo valioso que aportar para tal fin, objetivo que no se alcanzará polarizando o generando percepciones erróneas en la sociedad, y más crítico cuando se generan desde las esferas del poder público, que no corresponda a la realidad. En este sentido, más que descalificar o cuestionar el trabajo de organizaciones civiles, colectivos, expertos y académicos en este ámbito, se les tendría que escuchar y tomar en cuenta. Son muchos años de experiencia y reflexión, los que sustentan sus planteamientos y propuestas.
*Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
