Por: Luis Raúl González Pérez
La impunidad es uno de los factores que más ha contribuido, y contribuye, a preservar el entorno de violencia e inseguridad que impera en nuestro país. Día con día los medios de comunicación reportan robos, agresiones, homicidios y otros delitos, sin que se advierta, frente a ello, un esfuerzo efectivo de las distintas autoridades por investigar los mismos y lograr que los responsables sean sancionados conforme a derecho. El mensaje que recibe la sociedad es claro y es el del imperio de la impunidad: los delitos son una constante y la posibilidad de que quien delinque sea detenido y responda por sus actos es, mayormente, nula.
Lo anterior ha ocasionado que las y los mexicanos aprendamos a convivir con el miedo y la incertidumbre sobre nuestro futuro, pero con la certeza de que es muy poco lo que objetivamente se puede esperar de las autoridades en este ámbito. Los delitos y sus víctimas se vuelven registros, números que se van acumulando, sin que se dimensione adecuadamente la gravedad del momento crítico que México enfrenta en este ámbito y la tragedia que implica cada caso que se acumula a la estadística, para las víctimas y sus allegados. Nuestra convivencia cotidiana con la violencia y la falta de expectativas sobre la actuación pertinente de las autoridades genera el riesgo de que asumamos como normal la grave situación que enfrentamos, nos volvamos indiferentes ante ella y nos acostumbremos a aceptar lo inaceptable.
Tan sólo esta semana que concluye, junto a hechos como la ejecución de 5 personas detenidas en los separos de la policía municipal de Valle de Santiago Guanajuato, y el asesinato de un migrante hondureño frente a su hija de 8 años, se registró el homicidio de 3 periodistas, con lo cual se elevó a 11 el número de periodistas y comunicadores asesinados en lo que va de 2019 y a 152 el número de casos presentados desde el año 2000. Si bien el homicidio del migrante hondureño parecería que no quedará impune, al haberse realizado la detención del policía estatal que le habría disparado, en los otros casos las expectativas de que la justicia llegue es realmente baja.
Cada caso que permanece en la impunidad implica una violación a los derechos de las víctimas, en tanto se les niega el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño que les corresponde. No debemos permitirnos como sociedad que veamos los miles de homicidios y desapariciones no aclaradas tan sólo como cifras o estadísticas. Con independencia de las circunstancias en que se haya presentado, cada caso es una historia de vida, una persona que reclama y tiene derecho a que se le haga justicia, al igual que sus familiares, amigos y personas cercanas. La indiferencia es algo que como sociedad debemos evitar y que necesitamos exigir a las autoridades mayor efectividad.
Sea por la complejidad propia de los casos, omisión, incapacidad, o inclusive colusión de los servidores públicos con quienes cometen las conductas ilícitas, lo cierto es que la gran mayoría de los delitos que se cometen en México permanecen impunes, lo cual, además constituye por sí mismo un incentivo para que este tipo de actividades se siga realizando e, inclusive, se incremente. Ante ello no podemos permanecer indiferentes. Si bien es relevante que se investigue y se quiera abatir la impunidad en los grandes casos en que se habría presentado desvío de recursos públicos, el cambio en la percepción pública y la incidencia real en el entorno de inseguridad y violencia en que vivimos, vendrá cuando los delitos que sufren las personas también se investiguen y sancionen. Cuando la gente tenga la certeza de que el Estado y las autoridades van a hacer vigentes sus derechos, protegiéndola y aplicando efectivamente la ley cuando alguien la trasgreda.
*Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
