Por: Luis Raúl González Pérez
La condena impuesta en días pasados a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, por un juez en los Estados Unidos de América, si bien se ha asumido como un triunfo de la justicia en el ámbito del combate contra el tráfico ilícito de drogas, por lo que hace a las víctimas de los delitos y, en general, de la violencia derivada de las actividades de la organización criminal que dirigía, la condena referida no implica ni verdad, ni justicia y, por el contrario, abre la puerta a que los delitos que se habrían cometido en México, principalmente, queden impunes.
Si se revisa el sustento de la condena, se advierte que la misma alude a 10 delitos, 9 de los cuales están referidos a la participación en una empresa criminal, así como a la conspiración para la fabricación y distribución de diversos narcóticos, principalmente cocaína. El delito de uso de armas de fuego, si bien estaría relacionado de algún modo a la violencia, no comprendería en modo alguno las desapariciones, homicidios, lesiones y otros tantos ilícitos que presumiblemente le serían imputables y cuya investigación está pendiente.
Este caso replantea los dilemas que entraña la práctica de la extradición por cuestiones vinculadas al crimen organizado, misma que se ha defendido en múltiples espacios como la única opción viable para llevar a la justicia a criminales poderosos y violentos, con gran capacidad de infiltración y control de los sistemas de administración e impartición de justicia, en Estados sin mecanismos efectivos de control de la corrupción, con un débil respeto por la legalidad, que en razón de ello resultan incapaces de inhibir y sancionar sus conductas ilícitas. La extradición tiene un propósito y efectos acotados, que no debe ocasionar que la responsabilidad derivada de los delitos no comprendidos en la misma se condone, o que las autoridades queden liberadas o eximidas de su responsabilidad de investigar y sancionar tales conductas. Vista de esta manera, la extradición, más que una vía para la justicia se convierte en una fuente de impunidad y, en consecuencia, de violaciones a los derechos humanos.
Más que entrar en consideraciones de otra índole, las autoridades tendrían que expresar un compromiso claro con las víctimas de los delitos cuya responsabilidad se atribuye a Guzmán Loera, en el sentido de que sus casos no quedarán en la impunidad, serán debida y pertinentemente investigados, y se hará efectivo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación que les corresponde. La condena emitida contra el que se asumió como líder del cartel de Sinaloa, puede entenderse como el cierre de los casos penales en su contra en los Estados Unidos, pero en modo alguno puede implicar que los delitos que habría cometido en México no se investiguen. Cada caso cuya investigación no ha concluido, constituye una asignatura pendiente para las autoridades, que con su dilación u omisiones, revictimiza a quienes fueron víctimas de esos delitos, vulnerando sus derechos fundamentales.
Dada la magnitud de la violencia registrada en nuestro país, así como de las graves problemáticas vinculadas a la misma, tales como las desapariciones y homicidios, el Estado mexicano no puede abstenerse de investigar los delitos cuya comisión se imputa a Joaquín Guzmán Loera, o a la organización criminal bajo su dirección. Si esos hechos no son debidamente investigados, el Estado mexicano estaría coadyuvando a que tales delitos queden impunes y, en cierta forma, estaría encubriendo los mismos. En estos casos, realizar una investigación adecuada resulta ineludible si se quiere alcanzar justicia, consolidar un verdadero Estado de Derecho, y preservar los derechos humanos.
Parte esencial de la construcción de una cultura de paz pasa por la obtención y reconocimiento de la verdad como vía para la obtención de justicia y la eventual reconciliación. Durante el juicio que se siguió en los Estados Unidos se hicieron públicos hechos y testimonios que daban cuenta de un entorno de violencia, corrupción, abuso e impunidad, donde los secuestros, lesiones y asesinatos eran prácticas comunes y recurrentes. Cada denuncia debe ser atendida, cada caso debe ser investigado. Preservar la impunidad que existe sobre los mismos, además de violar los derechos de las víctimas, preservará la violencia y continuará debilitando nuestras instituciones, coadyuvando a que la lucha contra la corrupción y la ilegalidad no tenga los alcances y efectos que se requieren si aspira a trascender el discurso y ser realmente efectiva.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
