Con las líneas del artículo anterior comentamos que, por su importancia, la legislación pendiente sobre el uso de la fuerza y el registro nacional de detenciones son temas merecedores de líneas exclusivas por su impacto en un sistema de seguridad pública. Por ello, antes de bridar un par de opiniones en publicaciones futuras, quisiera detenerme en reflexionar algunas coincidencias con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que han sido un clamor de expertos y de todos como mexicanos.
Y me refiero a que la hoy Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, tiene un papel crucial en la concreción de las acciones expuestas en la Estrategia, entre otras, comenzar con una verdadera dignificación del papel de los cuerpos policiales que vaya desde condiciones laborales justas hasta la redimensión de su importancia e impacto en el sistema de seguridad, pues se trata de los primeros respondientes ante la comisión de un hecho ilícito, los primeros auxiliares de una ciudadanía cada vez más desconfiada de su preparación, acción de respuesta, y tristemente, de su legitimación que, además aborda a policías federales, estatales y municipales.
Es por esto que la integración de un modelo nacional de policía, con calidad y competencia profesional igual en todo el territorio, que homologue criterios de capacitación y responsabilidad sobre sus funciones, fortalecido con la creación de una Universidad de la Seguridad Púbica, se convierten en compromisos muy serios por parte de la administración vigente, pues el primero debe contemplar, sin temor a equivocarnos, acciones tendientes a la prevención de delitos, protección de derechos humanos, herramientas de justicia cívica y transparencia.
También es resaltable la evolución de un Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para transformar su operación a una evaluadora con los nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad, sobre todo con la convicción de ser aplicados a través de una estimación de resultados.
Ahora bien, en este orden de ideas, pero con el tema de los menesteres para ejecutar la reforma constitucional en materia de la guardia nacional, esta otorgó al Congreso de la Unión la facultad para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; donde se mandata considerar que la normativa sobre la formación y actuación de las instituciones policiales será de índole civil, así como crear una base compartida y coordinada entre los tres órdenes de gobierno, que tenga datos criminalísticos y personas.
Sin embargo, un factor determinante ha sido el abandono de las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, y en ese sentido, se estima necesario que el paquete de reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública debe considerar la generación de un sistema interoperable, que sea la base de sistemas informáticos y operativos, como una plataforma de gestión que brinde beneficios como: el registro fehaciente de todas las comunicaciones; una articulación de información sistematizada; homologación de criterios y automatización de procesos de gestión; facilitar la integridad y conformación de estadísticas; mantener el mismo nivel y mecanismos de seguridad en la información; disminución del tiempo de respuesta para la resolución de problemas técnicos y el intercambio de información entre las distintas competencias.
Además de garantizar una atención de primer nivel al ciudadano, para lo cual se requiere la corresponsabilidad de todas las instituciones a nivel federal, estatal y municipal, que consoliden el servicio de emergencias (911), de sur a norte del territorio mexicano.
Y adicionalmente, en virtud del artículo cuarto transitorio de la reforma en comento, se menciona que se debe contemplar “al menos”, es decir, que la reforma puede ir más allá, y enriquecerse con otros aspectos dentro del Sistema Nacional como garantizar que el municipio cuente con una fuerza policial que mantenga el orden público, y realice funciones de proximidad social, prevención, vigilancia, tránsito y primer respondiente; conformación de un Modelo de Control de Confianza y Certificado Único Policial; régimen disciplinario y combate a la corrupción; creación de un modelo homologado, que establezca procedimientos formales mínimos de investigación (Asuntos Internos) y sanción (Consejos de Honor y Justicia); y considerar presupuestos multianuales que permitan una planeación de mediano y largo plazos, por nombrar algunos de ellos.
Finalmente, lo deseable es que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se desarrolle por servidores profesionales y comprometidos con sus encomiendas, y sea concretada con resultados próximos, cercanos y palpables para la ciudadanía que se encuentra tan ansiosa de estos efectos, pero sobre todo de seguridad y paz.
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