Colombia reprimida

Por: L. Paulina Axotla Flores*

*Asistente académico de la Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México.

Desde que el presidente Iván Duque anunció la reforma tributaria que buscaba mitigar los efectos económicos que ha traído la pandemia de COVID-19, lo colombianos han tomado las calles expresando su inconformidad. Durante estas movilizaciones, la respuesta gubernamental ha sido de represión y de una violación sistemática de los Derechos Humanos. Si bien, cifras oficiales establecen que han fallecido 24 personas, las cifras dadas por ONG’s y los lideres protestantes asciende a más de 30. Frente a esta convulsión social, las cámaras de los celulares y los reportes que recibimos de los usuarios de las redes sociales nos han dado parte de lo que se vive en las calles. Abuso policial, movilización del ejército, uso de gas lacrimógeno, balazos y un estado de caos constante han llevado a que los colombianos griten: “¡Nos están matando!”.

La situación en Colombia ha devuelto los ojos del mundo hacia el malestar generalizado que se vive en la región de Sudamérica. Con la pandemia de COVID-19 y las restricciones que se aplicaron para su control, las protestas cesaron después de que en el 2019 se dieran de manera constante en varios países latinoamericanos. Sin embargo, el malestar social relacionado con la corrupción y con un mal manejo de la política no desaparecieron. El impacto que ha traído el virus del SARS-COV-2 en las economías latinas ha llevado a el aumento del desempleo y la pobreza dando consigo la tormenta perfecta para que en Colombia se despertara el descontento social con las medidas aplicadas por Duque que pretendían aumentar el costo de varios productos. La implementación de esta reforma tributaria castigaría a los niveles socioeconómicos bajos y medio de Colombia, por lo que en vez de ser una medida que sacara adelante a la población solo afectaría más sus bolsillos.

Tras las jornadas de violencia y manifestaciones y los desatinados comentarios del presidente asociando a los movimientos sociales con los grupos de narcotraficantes, las protestas siguieron durante la primera semana de mayo. Por lo anterior, la respuesta del gobierno ha sido la retirada del Congreso para su discusión y llamado al pueblo para mantener un diálogo que resuelva la situación, pero esto no ha sido suficiente. La indignación y el costo político nacional e internacional son considerables.

Tanto el Secretario General de la ONU, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y un número considerable de organizaciones en pro de los derechos de los grupos originarios y de la mujer, se han declarado estar alarmados por lo que se vive en Colombia. A este rechazo del uso exacerbado de la fuerza por parte del gobierno colombiano se han unido las declaraciones de países como Estados Unidos, Francia, Chile, Costa Rica, España, Australia y Alemania.

¿Qué pasará en esta situación? De momento, las consecuencias de la violencia en Colombia han sido la caída en picada de la popularidad del presidente y el miedo de que la situación se replique en otros países latinoamericanos. El malestar social sigue vivo y latente en nuestra región, si los gobiernos no ordenan su respuesta frente la pandemia y los problemas estructurales de los países, el caos se acercará cada vez más.