Por Armando Van Rankin
Ian Bruff (2018) propone el concepto de “neoliberalismo autoritario” para describir las formas antidemocráticas que tomó el modelo a raíz de la crisis financiera del 2008. Esta teoría nos permite entender cómo ante el nulo crecimiento económico, las clases dominantes postulan reformas de sacrificio que antagonizan con los derechos sociales para financiar el status quo. Así, el autoritarismo es empleado no sólo para reprimir la disidencia social, sino también para cambiar legítimamente las instituciones del Estado y atacar derechos sustanciales. Hoy Colombia es síntoma de una tendencia global que debe llamar nuestra atención.
En dicho país, los confinamientos por la pandemia del Covid-19 han dejado un panorama socioeconómico complejo: 500,000 negocios cerrados, una tasa de desempleo del 17% y cerca de 3.6 millones de personas que entraron en condiciones de pobreza (DANE 2021). Para hacerle frente a los desafíos, el presidente Iván Duque propuso una reforma tributaria para financiar 6,300 millones de dólares adicionales destinados para el pago de la deuda externa. Desde el 28 de abril, miles de colombianos han protestado en contra de la llamada Ley de Solidaridad Sostenible que por presiones internas y externas ha sido retirada.
El gran reclamo social es que la reforma fiscal pretende generar impuestos que impactan directamente a la clase trabajadora. El proyecto de ley contemplaba cobrar 19% de IVA a productos como agua, luz y gas. El economista Kalmanovitz argumenta que en lugar de agobiar más a los contribuyentes, los recursos faltantes podrían extraerse si se eliminan las exenciones al sector financiero: el año pasado pagaron solamente el 1.9% de sus utilidades que fueron cerca de 32 mil millones de dólares. La resistencia de la población a la reforma no se hizo esperar. El contraataque del gobierno de Duque fue emplear la fuerza pública en contra de los manifestantes. Al día de hoy suman 42 muertos, más de 800 heridos y 168 desaparecidos (El Financiero 2021).
La economía política de la protesta y del autoritarismo es el vaivén entre los intereses de los grandes capitales, respaldados por el Estado moderno, y una clase trabajadora cada vez más apretada y dispuesta a resistir. Apenas en el 2016, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con la organización guerrillera de las Fuerzas Armadas de Colombia. Aparentemente, el país andino cimentó un camino hacia el diálogo y la paz. Sin embargo, las condiciones estructurales de las relaciones sociales, sacudidas por la pandemia del Covid-19, han ido evidenciando la fragilidad de esa supuesta ausencia de conflicto y el carácter coercitivo del Estado incrustado en una geopolítica neoliberal.
