/ lunes 14 de enero de 2019

Combate al robo de gasolina y a la corrupción, ¿ahora si?

¿El fin justifica los medios? En las últimas semanas estados como Jalisco, Guanajuato, la Ciudad de México, Michoacán y Querétaro afrontan las consecuencias de la estrategia del gobierno de combate al robo de combustible.

La corrupción que se procreó en Pemex en los últimos 40 años abrió una puerta a la ilegalidad que no sólo daña a las finanzas públicas, lamentablemente también convirtió un negocio ilícito en una forma de vida para una parte de la sociedad que se ha visto atraída, o atrapada, por el robo de gasolina.

La historia no es nueva. Cómo olvidar la presidencia de José López Portillo cuando “prepararse para administrar la abundancia” se transformó en la génesis de la corrupción que hipotecó a Pemex y al país.

La gravedad de la corrupción y la necesidad política de mostrar que la “Renovación Moral de la Sociedad” la sancionarían, llevaron al gobierno de Miguel de la Madrid a encarcela a Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex.

¿Qué pasó después? Aparentemente nada. Seis años más tarde Carlos Salinas de Gortari cobró la factura política al entonces líder sindical Joaquín Hernández “La Quina”. Nuevamente la sombra de la corrupción, ahora alrededor del sindicato de Pemex y de su relación con la empresa del Estado, fueron utilizados como argumento que justificó la acción.

A diferencia de lo que ocurrió con Díaz Serrano, la caída de “La Quina” provocó un problema de abastecimiento de combustible que afectó a la sociedad de manera temporal. Se deben recordar los movimientos de las fuerzas armadas que se hicieron para disuadir los apoyos que tenía “La Quina” ¿Valió la pena?

Doce años después Pemex volvió a ser nota respecto a la corrupción en el sector energético, el triunfo electoral de Vicente Fox abrió la puerta para conocer el famoso Pemexgate: la triangulación de recursos de la paraestatal hacia la campaña del PRI. El escándalo no tuvo consecuencias significativas.

Vicente Fox no fue a fondo en el combate a la corrupción que encontró y las poderosas redes de interés que existían terminaron diluyendo cualquier acción legal. En su administración y las que le siguieron la ilegalidad y corrupción crecieron y se hicieron orgánicas al funcionamiento no sólo del gobierno federal, la complicidad de autoridades municipales, estatales y hasta de grupos internacionales permitió la ordeña de la riqueza petrolera.

Se debe mencionar la estrategia que debilitó a Pemex con la intención de justificar la necesidad de su apertura.

Vale la pena preguntarse ¿se puede decretar una amnistía que favorezca a quienes se beneficiaron de esa historia de corrupción? La única justificación sería política: su poder es muy grande y podría comprometer el ejercicio de la nueva administración federal.

En la práctica el costo del ajuste, necesario y justificado, lo está pagando la sociedad, que no es parte de la corrupción y el crimen organizado. Por ello se debe evitar que el mismo se traslade al abasto de otras mercancías.

El presidente López Obrador tiene un fuerte apoyo social en la aplicación de esta medida, eso es innegable, los mexicanos estamos cansados de la corrupción. Ahora corresponde a sus funcionarios demostrar que pueden solucionar el problema sin que la factura sea cargada a la sociedad, que la paguen los corruptos y los criminales.

¿El fin justifica los medios? En las últimas semanas estados como Jalisco, Guanajuato, la Ciudad de México, Michoacán y Querétaro afrontan las consecuencias de la estrategia del gobierno de combate al robo de combustible.

La corrupción que se procreó en Pemex en los últimos 40 años abrió una puerta a la ilegalidad que no sólo daña a las finanzas públicas, lamentablemente también convirtió un negocio ilícito en una forma de vida para una parte de la sociedad que se ha visto atraída, o atrapada, por el robo de gasolina.

La historia no es nueva. Cómo olvidar la presidencia de José López Portillo cuando “prepararse para administrar la abundancia” se transformó en la génesis de la corrupción que hipotecó a Pemex y al país.

La gravedad de la corrupción y la necesidad política de mostrar que la “Renovación Moral de la Sociedad” la sancionarían, llevaron al gobierno de Miguel de la Madrid a encarcela a Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex.

¿Qué pasó después? Aparentemente nada. Seis años más tarde Carlos Salinas de Gortari cobró la factura política al entonces líder sindical Joaquín Hernández “La Quina”. Nuevamente la sombra de la corrupción, ahora alrededor del sindicato de Pemex y de su relación con la empresa del Estado, fueron utilizados como argumento que justificó la acción.

A diferencia de lo que ocurrió con Díaz Serrano, la caída de “La Quina” provocó un problema de abastecimiento de combustible que afectó a la sociedad de manera temporal. Se deben recordar los movimientos de las fuerzas armadas que se hicieron para disuadir los apoyos que tenía “La Quina” ¿Valió la pena?

Doce años después Pemex volvió a ser nota respecto a la corrupción en el sector energético, el triunfo electoral de Vicente Fox abrió la puerta para conocer el famoso Pemexgate: la triangulación de recursos de la paraestatal hacia la campaña del PRI. El escándalo no tuvo consecuencias significativas.

Vicente Fox no fue a fondo en el combate a la corrupción que encontró y las poderosas redes de interés que existían terminaron diluyendo cualquier acción legal. En su administración y las que le siguieron la ilegalidad y corrupción crecieron y se hicieron orgánicas al funcionamiento no sólo del gobierno federal, la complicidad de autoridades municipales, estatales y hasta de grupos internacionales permitió la ordeña de la riqueza petrolera.

Se debe mencionar la estrategia que debilitó a Pemex con la intención de justificar la necesidad de su apertura.

Vale la pena preguntarse ¿se puede decretar una amnistía que favorezca a quienes se beneficiaron de esa historia de corrupción? La única justificación sería política: su poder es muy grande y podría comprometer el ejercicio de la nueva administración federal.

En la práctica el costo del ajuste, necesario y justificado, lo está pagando la sociedad, que no es parte de la corrupción y el crimen organizado. Por ello se debe evitar que el mismo se traslade al abasto de otras mercancías.

El presidente López Obrador tiene un fuerte apoyo social en la aplicación de esta medida, eso es innegable, los mexicanos estamos cansados de la corrupción. Ahora corresponde a sus funcionarios demostrar que pueden solucionar el problema sin que la factura sea cargada a la sociedad, que la paguen los corruptos y los criminales.

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