Se ha debatido y escrito mucho en torno a la sanción de 197 millones de pesos que el INE le ha impuesto al partido de AMLO y parece que aún más importante que la millonaria multa (Morena recibirá unos 1,500 millones tan sólo durante 2019), es la reacción con la que ha estallado el futuro presidente de México. En tono condenatorio y amenazante declaró a los medios que se trata de “una vil venganza” del INE, mediante la cual “buscan enlodar una acción humanitaria”.
Se ha interpretado la descalificación de AMLO contra los consejeros del INE como una referencia a que ellos están pagados con suma generosidad, y sería así que pensarían vengarse de la iniciativa de AMLO para reducirles con gran drasticidad sus desmesurados privilegiados sueldos y prestaciones. Aun cuando seguramente no estarán de acuerdo con esa grave afectación a su sacrosanto bolsillo, resulta por completo descabellada tal interpretación, más bien producto de cierta paranoia, de sentirse víctima, de un complejo de ser objeto de constantes complots.
El virtual presidente electo ha hecho del combate a la corrupción un estribillo reiterativo, una punta de lanza de uso sistemático, una bandera electoral repetida hasta el cansancio. Y ciertamente se trata de un gravísimo problema nacional que amerita dedicación especial. Pero aquí nos encontramos ante otro grave problema, la corrupción de ninguna forma podrá erradicarse implantando la grotesca, simplista idea de que si el de arriba es honesto, que ni siquiera es el caso, los demás también se comportarán de esa manera.
El combate a la corrupción exige que se empleen instrumentos ad hoc para fortalecerlo, como es el caso de la imprescindible transparencia. Tengamos en cuenta que en cuanto al fideicomiso “Por los demás”, lo que se vivió fue un exceso de opacidad, una deliberada manipulación de dinero en efectivo a fin de borrar las huellas de su proveniencia y destino. No pudo ser casualidad o desconocimiento, todo se realizó con el afán de encubrir, de disimular, de ocultar las reales operaciones del fideicomiso.
En la pugna que se desató entre los partidos por capitalizar los sismos de septiembre de 2017, AMLO se comprometió con insistencia a donar la mitad del financiamiento público de Morena para los damnificados. Pero se les explicó que donar ese dinero por los partidos constituiría algo equiparable a compra de votos y sería un delito electoral, por lo que otros partidos con generosidad entregaron a la Tesorería de la Federación tales recursos a fin de que se canalizara la ayuda por las vías procedentes.
Sin embargo, AMLO se rehusó a utilizar ese procedimiento y, a pesar de que en el punto 18 de sus 50 compromisos para la austeridad está inscrito que se acabaría con el uso de los fideicomisos porque se prestaban a una manipulación opaca e ilícita de los recursos públicos, decidió que Morena constituyera su propio fideicomiso pero bajo la apariencia jurídica de un fideicomiso privado. Pero ese fideicomiso “privado” fue publicitado con amplitud en entrevistas, vídeo, declaraciones públicas y actos de campaña como prueba de la solidaria generosidad del partido. Ahora quieren escudarse en que se trata de un fideicomiso privado que no está obligado a rendir cuentas. La amañada forma en que se hicieron los depósitos y retiros es otra prueba irrefutable de la ilegalidad del fideicomiso. ¿Es esa la honestidad que debemos esperar del próximo gobierno?
amartinezv@derecho.unam.mx @AlejoMVendrell
