“Dale a un hombre un pescado y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentaras toda la vida.” -Proverbio Chino-
Con azoro veo como esta en marcha, desde el poder público federal, una campaña de desprestigio contra la industria de alimentos procesados e industria refresquera. El argumento es la crisis de sobrepeso y obesidad que deriva en una crisis de salud pública por diabetes e hipertensión. El trasfondo de hacerlo justamente ahora es encontrar un culpable y endosarle la responsabilidad constitucional que recae en el Gobierno de México y la Secretaria de Salud federal de garantizar a la población el derecho a la salud, en momentos en que el país atraviesa por el brote principal de COVID-19, una pandemia que en 6 meses ha dejado tras de sí más de 64 mil muertos y cerca de 600 mil casos de contagio confirmados. ¡Todo un desastre!
México ocupa el deshonroso primer lugar mundial en obesidad-sobrepeso (OCDE, al tener el 75.2% de población mayor de 15 años con este padecimiento, pareciera que esta comorbilidad es la clave del índice de letalidad de 10.7% en casos de COVID-19. Sin embargo, otros países con similar nivel de obesidad y sobrepeso como Chile con 74.2% y EE. UU con 71%, tienen índices de letalidad mucho más bajos que los de México, 2.6% y 3.4% respectivamente. Recordemos que el índice de letalidad es el porcentaje de contagiados que muere por haber contraído el coronavirus. La explicación a esta alta tasa de letalidad en México que llega a ser 2 veces la media mundial de la enfermedad (5%), no es la obesidad, es la deficiente contención de la pandemia por parte de las autoridades de salud.
En nuestro país se hacen muy pocas pruebas para detectar el COVID-19 (1,901 por millón de habitantes) y la política de salud obliga a que se realicen únicamente si ya presentan dos o más síntomas de la enfermedad, además en clínicas del sector salud o de gobierno sólo se admite a hospitalización a pacientes en estado grave de insuficiencia respiratoria; es también notorio y público el alto porcentaje de personal médico del sector salud que ha resultado contagiado o muerto por la falta de insumos básicos, como equipo de protección personal y el evidente desabasto de medicinas y dispositivos médicos. La gente no se cura sola al llegar a una cama de hospital. Recientes estudios privados indican que hay 5 veces más probabilidad de morir en un hospital público respecto a uno privado, si eres ingresado por un cuadro de COVID-19. Aquí si aplica esa frase celebre. “Primero los pobres. . . a la morgue”.
La terrible actuación de López Gatell como vocero del gobierno federal no sólo pasó por la aprobación e implementación de la NOM-051 sobre el Etiquetado de Advertencia, sino también como responsable de azuzar a los Congresos locales de 14 Estados de la República, a que aprueben legislaciones dictadas desde la Ciudad de México para prohibir la venta de alimentos y bebidas calóricas a menores de edad.
La causa de la obesidad es multifactorial según ha determinado la OMS, Organización Mundial de la Salud. Los alimentos procesados representan el 23.5% de la ingesta calórica de una persona en México de acuerdo con estudios de INEGI. El sedentarismo, la falta de ejercicio regular, los malos hábitos alimenticios, la gastronomía mexicana (Tacos, tortas, tostadas, gorditas, garnachas, chalupas, etc.) altas en grasas saturadas y harinas, la genética y el nivel socioeconómico entre otros factores son parte de la explicación, pero también lo es la pésima gestión de políticas públicas, por ejemplo, el suministro y disponibilidad de agua verdaderamente potable a la población en general o la falta de bebederos de agua en las escuelas públicas, esta carencia impide la adecuada hidratación de las personas y obliga a la búsqueda de otras alternativas.
Se estima que la prohibición de venta a menores, de productos de panadería, confitería y refrescos impactará el 66% de los ingresos de los tendejones y pone en riesgo de desaparición sólo en Oaxaca a 53 mil de las llamadas “tienditas de la esquina”, según estimaciones de la Canaco local.
Los dueños de las misceláneas, pequeños comercios formales e informales, son en su mayoría adultos mayores que se autoemplean y son el sustento de nietos e hijos. El impacto social será también a trabajadores y pequeños fabricantes de frituras, salsas, aguas frescas envasadas, etc. que tienen como canales tradicionales de venta justamente al pequeño comercio.
Los menores normalmente no generan recursos, usan los de sus padres a quienes piden dinero y por ende consentimiento para comprar sus bebidas, postres o frituras. Los padres que mandan a sus hijos por los refrescos o colaciones se verán en la necesidad, por cuestiones de tiempo y conveniencia de prescindir de la compra en las tienditas y tendrán incentivos para ir a las grandes cadenas de autoservicio y clubes de compra a adquirir los mismos productos en presentaciones de mayor cantidad para evitar ir regularmente.
Por supuesto que la industria debe de tomar acciones para atacar el flagelo de la obesidad y sobrepeso, muchas compañías en la industria de bebidas están cambiando su oferta de productos para incluir agua natural, jugos y refrescos con bajo contenido de azúcar, de igual manera la industria de alimentos procesados y ultra procesados está reformulando sus productos para ofrecer comida más sana y cumplir con las restricciones impuestas por la NOM-051 y evitar así el etiquetado de advertencia.
El gran ausente como siempre es el gobierno y sus políticas públicas, no hay campañas de educación en escuelas, no se promueve el deporte, al contrario, se recortan presupuestos de espacios recreativos y campos deportivos, para comprar estadios de béisbol. Se distrae el dinero recaudado del IEPS Impuesto especial de Producción y servicios, a alimentos y bebidas con alto contenido calórico, para usarse en todo menos en atacar el problema de sobrepeso y obesidad.
En México lo que necesitamos no son prohibiciones sino educación y conciencia y sobre todo que el Gobierno Federal y sus personeros dejen las políticas públicas chatarras y articulen políticas públicas integrales.
Presidente nacional de Canacintra
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