Geraldina González de la Vega H.
El proyecto de nación que la presidenta Claudia Sheinbaum ha venido delineando, conocido como el segundo piso de la transformación, traza una ruta clara para consolidar políticas que aborden la desigualdad en su raíz. Para lograr una transformación profunda en nuestra sociedad, es imprescindible diseñar y establecer una nueva institucionalidad antidiscriminatoria acorde con la visión de país que nos ha compartido en su toma de protesta. Esta estructura debe ser nacional, capaz de implementar políticas inclusivas para todas las personas y desmantelar los privilegios históricos que perpetúan la desigualdad.
A 20 años de la implementación de la política antidiscriminatoria en México, es necesario adoptar una nueva visión acorde con la transformación de la vida pública en un México plural, diverso y democrático. Para avanzar en esta dirección, y aprovechando los recursos y capacidades existentes, resulta importante que tomemos en cuenta cinco pilares:
1. Sistema nacional de política pública: La desigualdad es tanto causa como consecuencia de la discriminación. La política antidiscriminatoria debe ser nacional y debe homologar las acciones de prevención, atención y sanción de prácticas discriminatorias, en conjunto con los gobiernos estatales, para que las políticas permeen todas las instituciones. La garantía de derechos no debe depender de la geografía. La Ciudad de México ha sido privilegiada al contar con una institución como el Copred, que no existe en otras entidades de la República, y que ha logrado reforzar su presencia gracias al impulso de la Dra. Sheinbaum.
2. Compromiso y responsabilidad del sector privado: La transformación de la vida pública requiere la participación de todos, por ello la participación del sector privado es indispensable para eliminar la discriminación y promover la igualdad social. La exclusión de grupos prioritarios ha sido sistemática en el acceso al empleo y servicios privados relacionados con el disfrute de derechos. La transformación exige erradicar estas prácticas que perpetúan la inequidad y el trato indigno.
3. Implementación de defensorías populares para grupos prioritarios: Los prejuicios asociados a la identidad o contexto de las personas las colocan en situaciones de vulnerabilidad y, a menudo, en desventaja social y económica. Es crucial garantizar el acceso a la justicia para poblaciones históricamente excluidas. Estos grupos requieren que el Estado atienda sus denuncias por discriminación a través de mecanismos administrativos y los acompañe, cuando sea necesario, en su búsqueda de justicia ante instancias jurisdiccionales.
4. Evaluación a través de sistemas de indicadores: La evaluación y el monitoreo son esenciales para medir el impacto de las políticas antidiscriminatorias y la actuación de las defensorías. La nueva institucionalidad debe evaluar y medir resultados, informar a la población y establecer rutas para el cambio cultural.
5. Educación para el cambio cultural: La discriminación está arraigada en prejuicios históricos que deben ser erradicados mediante un esfuerzo educativo que abarque a toda la sociedad. Un cambio cultural profundo exige desaprender prejuicios que se traducen en exclusión y discriminación, por ello es fundamental incorporar un componente igualitario en la política educativa, junto con programas y campañas de sensibilización que promuevan la inclusión y el respeto a la diversidad.
Es necesario adoptar una nueva visión de política antidiscriminatoria que reconozca la existencia y participación de grupos prioritarios y promueva una transformación centrada en el cambio estructural y la eliminación de prejuicios.
Durante su administración en la Capital, la Presidenta fue muy clara con la cero tolerancia a la discriminación, muestra de ello fue su contundente mensaje en casos de racismo, sexismo y fobias por orientación sexual e identidad de género. Por ello, la nueva política humanista requiere reformas institucionales y estructurales desde un enfoque nacional, integral y transformador, basado en políticas de bienestar y estándares antidiscriminatorios que consoliden la transformación. Que nunca más la diferencia sea motivo de exclusión.
Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México