En una interesante entrevista hecha a Baltazar Garzón (El Sol de México, jueves 7 de diciembre), que fuera juez en el Tribunal Supremo Español y en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, el ilustre y conocido juzgador ve en México un severo problema de corrupción y violencia, proponiendo al efecto enfrentarlo con la prevención basada en la educación, en la capacitación de los cuerpos de seguridad, en el fortalecimiento de los cuerpos policiales y en la no intervención del ejército y la marina; rechazando como solución la amnistía a los líderes del narcotráfico, por lo que discrepa de la propuesta de amnistía de López Obrador, pero insistiendo en que no conoce a profundidad la base para su afirmación.
Ahora bien, esto último me ha hecho recordar lo siguiente. Hace algún tiempo yo razone en esta misma columna en el sentido de que la delincuencia llamada organizada, el narcotráfico, la criminalidad, son en suma y desde el puno de vista de la ciencia política factores reales de poder, es decir, que hacen alguna cosa o algo objetivo (Kant). En consecuencia esos factores reales de poder han sido definidos, a lo que alude Ferdinand Lasalle, como los elementos diversos y variables que se dan en la dinámica social. En tal virtud no hay duda de que la criminalidad es un factor real de poder y, por lo tanto, el gobernante debe tenerla en cuenta en su función de “director de la sociedad” ya que ella tiene poder; bueno o malo, positivo o negativo, pero tiene poder. Ampliando el concepto de Lasalle son también factores reales de poder la inteligencia, aglutinada principalmente en las universidades, el ejército, la iniciativa privada, la iglesia, etcétera. No se califica aquí lo positivo o negativo, sino el que esos factores ejercen poder. ¿Puede o debe el gobernante ignorarlos u omitirlos? Además ellos se reflejan o manifiestan en la Constitución, donde se prescriben reglas fundamentales que les conciernen, reglas que de acuerdo con la propia dinámica social son variables según las circunstancias. En este orden de ideas y a mi juicio, políticamente hablando, hay que entender la propuesta de la amnistía. Por ejemplo, el coordinador del PRD en el Senado Luis Sánchez Jiménez ha señalado, y con cierta razón, que López Obrador busca el voto de aquellos narcotraficantes “que controlan regiones amplias del país donde el narcotraficante elige candidatos a presidencias municipales o candidatos a diputaciones”. Y yo me pregunto si esto no es un ejercicio de poder. Claro que lo es. El dilema consiste en si a esos “poderosos” se les aplica todo el peso de la ley o se les amnistía, lo que equivale a amnesia, a olvido. En teoría pura del Derecho Penal el indulto y la amnistía han sido duramente combatidos. Al respecto Dorado Montero sostiene que ambas representan la inseguridad de la ley y de la sentencia judicial, lo cual no se niega y pone de relieve el dilema al que me he referido. ¿Pero me digo si dadas las condiciones políticas y sociales por las que atraviesa el país puede haber alguna variante en la idea de López Obrador? Este es el tema. La idea de aquél desde luego sorprende, pero no es una frivolidad ni un despropósito. Mucho menos una simple ocurrencia sin sentido. Obedece a la problemática que viven las sociedades modernas y que particularmente vive México y corresponde también, de alguna manera, a la crisis del Derecho Penal contemporáneo que no brinda soluciones definitivas sino intermedias ante el embate brutal de la violencia criminal (asunto del que ya me he ocupado en este espacio analizando si las cárceles readaptan o reinsertan en una sociedad sana). Yo propondría ir al fondo de esa idea de López Obrador y ver, insisto, si hay alguna posible variante.
@RaulCarranca
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