El servicio digital conocido como Uber modificó este diciembre su contrato de manera unilateral. Las autoridades locales o Federales no han dicho una sola palabra al respecto. Así las cosas, aceptamos las condiciones o lo dejamos de usar. Tal y como lo dice el documento que se puede consultar en https://www.uber.com/en-MX/legal/terms/mx/. Muchas personas abandonamos los clásicos taxis para usar Uber, de allí la importancia de saber ¿qué nos está imponiendo Uber?
Uber nos puede dejar de prestar el servicio en cualquier momento y por cualquier causa ¿suena razonable? En mi óptica no. La decisión de romper un contrato necesita de razones que justifiquen el por qué, cómo y cuándo. En este contrato se omite esto, ya que basta la voluntad de Uber para terminar la relación contractual.
En el contrato existe un apartado sobre los servicios y, aunque suene raro, esta empresa no ofrece servicios de transporte, sino una aplicación digital para organizar y planear viajes. Esto me genera una pregunta: ¿pagamos la plataforma digital o el viaje? La gran diferencia de hablar sobre un servicio de transporte y una aplicación digital se encuentra en la capacidad del Estado para regular el servicio. La cosa se vuelve más confusa cuando queda a discreción del chofer pedirnos una identificación y, en caso de negativa, la denegación del servicio. Aquí me vuelvo a confundir: ¿Uber está vinculado a los servicios de traslado o no?
Uber se reserva de manera unilateral, en cualquier momento y a su arbitrio la revisión de cargos o eliminación de estos. Nos podemos imaginar una persona que solicitó un servicio a través de la plataforma digital, no lo obtuvo, pero se le hizo el cargo y resulta que la revisión del cargo es discrecional ¿En serio? Mejor aún, el alza de los precios en ciertas zonas de alta demanda, también lo decide la empresa ¿Qué es una zona de alta demanda? ¿En qué medida debe subir el precio?
Uber no hace una manifestación sobre la puntualidad, fiabilidad, calidad y disponibilidad de los servicios que ofrece, tampoco nos ofrece una garantía sobre estos. Como corolario de todo esto, la empresa no se hace responsable de los daños, la pérdida de información, lesiones personales, la falta de licencia o permiso del chofer en servicios compartidos. Por supuesto que no existe una sola referencia a una ley mexicana. Los servicios de Uber se rigen por las leyes de “Los Países Bajos” y si alguien no está de acuerdo, puede promover un arbitraje conforme al Reglamento de Mediación de la Cámara de Comercio Internacional.
Las normas de la Ciudad de México, las de las entidades de la República y la Federación deberían regular a esta empresa, sin embargo, ésta se rige por las leyes de los Países Bajos.
Diversas empresas que ofrecen servicios en todo el mundo, han decidido regirse por las leyes de un Estado o de una sola entidad federativa de un país, aun cuando, operan en todo el mundo. En mi opinión, el criterio de Uber de ignorar todas las leyes y a los tribunales mexicanos es un exceso y se coloca a los usuarios en una franca desventaja frente a la empresa. Ojalá el Estado mexicano proteja los derechos de los consumidores, el pago de impuestos, las regulaciones razonables y someter a las plataformas digitales a un mínimo del derecho nacional. En mi criterio, a nadie le gustaría una cuenta de varios miles de pesos y tener que ir a los Países Bajos a litigarla en arbitraje.