Por María Fernanda Ballesteros *
El actual Gobierno asegura que las grandes pérdidas de la CFE son provocadas por el régimen de competencia. Una y otra vez ha dicho que nuestra empresa estatal es una especie de víctima por tener que competir con privados que resultan más eficientes y cuyos costos son menores. Se ha empeñado, entonces, a eliminar esa presión competitiva para dejar que la CFE gane, injustificadamente, poder de mercado, lo que afecta el bienestar del consumidor.
Sin embargo, ni los órganos de la CFE ni el presidente se han detenido a ver otros lugares al interior de la empresa en donde bien podrían reducir grandes pérdidas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las compras públicas de la CFE? Éstas, en 2019, representaron un gasto por encima de 33 mil millones de pesos, y la CFE año con año se presenta como una de las entidades de la Administración Pública Federal con mayor gasto y mayor riesgo de corrupción en sus contrataciones.
No hay que olvidar que justo con el argumento de que las EPE competirían con empresas privadas se les dotó en la Reforma energética de una flexibilidad administrativa como a ningún otro ente gubernamental, al grado que ellas mismas determinan sus normas en materia de adquisiciones y contrataciones y crean sus propios mecanismos de control.
Aun y cuando en su política anticorrupción la CFE reconoce el riesgo en sus compras públicas, poco han avanzado sus órganos de gobierno en el tema, y tampoco es un tema que preocupa al Ejecutivo federal.
Un área de oportunidad, por ejemplo, es la reglamentación y transparencia de la información de aquéllos con quienes la CFE está contratando. Transparencia Internacional recomienda, para evitar casos de corrupción en empresas estatales, celebrar contratos sólo cuando existan datos claros sobre la identidad del titular efectivo. Las triangulaciones que se pueden llevar a cabo en la creación de empresas privadas, y que no permiten identificar a los verdaderos propietarios o a quienes se están beneficiando con las actividades empresariales, es un problema bien conocido, especialmente en industrias extractivas, como la minería e hidrocarburos, que son sectores con los que la CFE contrata. En suma, es fundamental conocer quién se enriquece con estos recursos.
En este sentido, es importante discutir cómo debe reglamentarse y difundir la información sobre los beneficiarios reales en las contrataciones de la CFE. De acuerdo con Transparencia Mexicana, beneficiario real se define como aquél que tiene derecho sobre las ganancias, ingresos y activos de una empresa, así como el derecho a dirigir o influir en las actividades de dicha empresa. En relación con la difusión de la información de beneficiarios reales, la organización Poder ha recomendado generar un repositorio único de contratos que incluya un registro de proveedores y beneficiarios reales.
Sin embargo, resulta importante aclarar que Pemex y CFE no están en la misma situación que el resto de entidades públicas, pues ya no reportan la información de sus compras, como antes lo hacían en el portal CompraNet. Además, han creado pocos controles nuevos que permitan prevenir actos de corrupción en contrataciones. De sus terceros contratistas, por ejemplo, la CFE sólo cuenta con un listado de proveedores inhabilitados.
Estas son las discusiones en torno a los recursos de nuestras empresas productivas que debemos tener ahora mismo, pues sólo lograrán tener una mejor gobernanza si mejoran su forma de gastar y blindarse de la corrupción, que tan presente ha estado en sus procesos y contrataciones. Aquí sí ganaría la CFE y más importante, ganaríamos todos los mexicanos.
* María Fernanda Ballesteros es la coordinadora del programa de Competencia Económica de México Evalúa
