Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno)*
En la víspera de que el presidente López Obrador presente ante el Congreso su reforma constitucional en materia eléctrica, la expectativa general es que pretenderá consagrar modificaciones que en lo administrativo han sido detenidas en algunos casos por la vía judicial, por considerar que violentan derechos como la libre competencia y el derecho ciudadano a un medio ambiente sano. En resumidas cuentas, lo que el presidente busca es garantizar para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un 54% mínimo del mercado de generación. Así que una vez más nos podríamos encontrar viajando en el eterno péndulo entre estatismo y mercado en nuestra política energética, sin que nada nos garantice su éxito.
Garantizar a la CFE un monopolio implicará, en términos de competitividad y sustentabilidad, una crisis difícil de resolver. De acuerdo con John Kemp, analista económico en Reuters y uno de los especialistas en energía más respetados, toda crisis energética tiene cuatro elementos: 1. erosión previa de la capacidad de producción o de inventarios ante un consumo cada vez más rápido; 2. incapacidad para apreciar el riesgo creciente y tomar medidas preventivas oportunas; 3. un disparador a corto plazo que convierta la escasez potencial en escasez real, y 4. reacción de pánico cuando llega la escasez. ¿Estamos listos para este escenario?
De aprobarse esta reforma, México enfrentará disputas comerciales, dada la inviabilidad financiera en la que caerán numerosos generadores de energía privados que actúan en el marco de acuerdos internacionales suscritos. Además, el cierre a más permisos para la expansión de las energías renovables, unido a la estrechez del presupuesto federal para solventar contingencias, para invertir en nuevas plantas de generación y para incrementar subsidios a las tarifas de consumo residencial, complicaría aún más la situación, con una elevación de costos para la industria con su respectiva repercusión en el nivel general de precios y en la atracción de inversión en todos los rubros, incluyendo al potente sector automotriz. Y no menos importante: se perdería la oportunidad de aprovechar al sector renovable para acelerar la recuperación económica, ya que genera alrededor de 19,500 empleos.
Entonces, ¿no sería pertinente mover la discusión hacia temas en verdad relevantes? Si vamos a destinar tiempo legislativo a la deliberación de una nueva reforma, dialoguemos sobre mecanismos alternativos de gobernanza de nuestros recursos. Existe en la esfera internacional la figura de la entidad propietaria, que podría ser útil en nuestro entramado institucional. La idea es que a través de una entidad pública –como el Consejo Fiscal o un equivalente– el Estado pueda ejercer de una forma más estratégica y eficaz la vigilancia del desempeño de sus empresas. Es también una forma de acreditar el interés general que las sustenta: si existen, es para el bien de todos los ciudadanos. Tal figura, como hace el Centro para las Inversiones del Gobierno del Reino Unido, se dedicaría a evaluar con metodologías apropiadas no sólo los indicadores tradicionales de desempeño de las empresas, sino también el contexto en el que operan, el funcionamiento de su gobierno corporativo y las oportunidades a futuro. Todo ello para poner a disposición de los ciudadanos y de los legisladores información que aporte elementos para deliberar con frecuencia sobre la pertinencia de mantener, ampliar o reducir la propiedad pública de estas empresas (sujetas a las reglas del mercado y de la competencia, no lo olvidemos) de forma transparente, responsable y profesional. Si pensáramos afuera de la caja, podríamos aprovechar estas coyunturas para plantear contrapropuestas serias. Se trata de construir un Estado más maduro, en lugar de perdernos y resignarnos ante lo que viene.
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* Ana Lilia Moreno es coordinadora del programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa.
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