/ miércoles 20 de abril de 2022

¿Cómo va la vida en México? 

Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) son aquellos que se relacionan con las necesidades básicas de las personas y corresponden a la segunda generación de Derechos Humanos. Se encuentran plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Carta Magna. Comprenden el derecho a un nivel de vida adecuado, salud, agua, alimentación, trabajo, educación, saneamiento, vivienda adecuada, cultura y medio ambiente sano. Es obligación de los Estados implementarlos, sin embargo, alcanzarlos es un reto progresivo.

Los gobiernos cambian (como cada tres o seis años) y lo que permanece a pesar del cambio, es la falta de estrategias para la implementación de estos derechos y acercar a la población a una mejor calidad de vida. Es adecuado, por lo menos una o dos veces al año, hacer una pausa y revisar cómo vamos con los temas que permiten que tengamos una mejor vida, es decir, la satisfacción de los DESCA. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) creó el “Índice para una Vida Mejor” que visualiza once factores claves de bienestar en varias economías desarrolladas del mundo y las contrasta entre sí. En México, en comparación con los otros países, estamos por debajo del promedio de los demás. Algunas calificaciones son: Balance vida-trabajo, 0.4; seguridad 0.2; salud 5.6; compromiso cívico 7.0; educación 1.3; ingresos 1.1, entre otros. El panorama es complejo y poco alentador.

El gobierno ha quebrantado su llamado a proteger la dignidad humana, por su incapacidad de satisfacer plenamente las necesidades elementales de la población. Negociar intereses políticos con personas en situación de vulnerabilidad, con la promesa de satisfacer sus derechos humanos y carencias, también es una violación a la dignidad humana. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha definido la pobreza como “la negación de oportunidades para alcanzar las necesidades básicas de una persona para su desarrollo para acceder a un estándar de vida adecuado”. Sacar al país de esta situación no sólo requiere dinero, sino voluntad política genuina para asegurar los derechos de las personas. Es apremiante formular políticas orientadas a mejorar la existencia, que corrija la situación desde la estructura y no paliativos que parchen el problema. La tarea del gobierno es entonces: garantizar derechos, satisfacer necesidades y defender los intereses de las personas. Cuando los derechos humanos se logren empatar con la satisfacción de las necesidades humanas, estaremos corroborando el verdadero progreso nacional, más allá del PIB, y así es como va la vida en México hasta hoy.

Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) son aquellos que se relacionan con las necesidades básicas de las personas y corresponden a la segunda generación de Derechos Humanos. Se encuentran plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Carta Magna. Comprenden el derecho a un nivel de vida adecuado, salud, agua, alimentación, trabajo, educación, saneamiento, vivienda adecuada, cultura y medio ambiente sano. Es obligación de los Estados implementarlos, sin embargo, alcanzarlos es un reto progresivo.

Los gobiernos cambian (como cada tres o seis años) y lo que permanece a pesar del cambio, es la falta de estrategias para la implementación de estos derechos y acercar a la población a una mejor calidad de vida. Es adecuado, por lo menos una o dos veces al año, hacer una pausa y revisar cómo vamos con los temas que permiten que tengamos una mejor vida, es decir, la satisfacción de los DESCA. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) creó el “Índice para una Vida Mejor” que visualiza once factores claves de bienestar en varias economías desarrolladas del mundo y las contrasta entre sí. En México, en comparación con los otros países, estamos por debajo del promedio de los demás. Algunas calificaciones son: Balance vida-trabajo, 0.4; seguridad 0.2; salud 5.6; compromiso cívico 7.0; educación 1.3; ingresos 1.1, entre otros. El panorama es complejo y poco alentador.

El gobierno ha quebrantado su llamado a proteger la dignidad humana, por su incapacidad de satisfacer plenamente las necesidades elementales de la población. Negociar intereses políticos con personas en situación de vulnerabilidad, con la promesa de satisfacer sus derechos humanos y carencias, también es una violación a la dignidad humana. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha definido la pobreza como “la negación de oportunidades para alcanzar las necesidades básicas de una persona para su desarrollo para acceder a un estándar de vida adecuado”. Sacar al país de esta situación no sólo requiere dinero, sino voluntad política genuina para asegurar los derechos de las personas. Es apremiante formular políticas orientadas a mejorar la existencia, que corrija la situación desde la estructura y no paliativos que parchen el problema. La tarea del gobierno es entonces: garantizar derechos, satisfacer necesidades y defender los intereses de las personas. Cuando los derechos humanos se logren empatar con la satisfacción de las necesidades humanas, estaremos corroborando el verdadero progreso nacional, más allá del PIB, y así es como va la vida en México hasta hoy.