Hoy el carácter autónomo de varias instituciones del Estado mexicano está en riesgo. Ello obedece a que muchas de sus atribuciones resultan incómodas al poder político. Dichas autoridades fueron previstas en la Constitución para ejercer funciones técnicas y trascendentes para el país en las que los poderes tradicionales no deben intervenir, particularmente el Ejecutivo. Su naturaleza es también ser un control político y constituir un contrapeso frente a los poderes de la unión.
No cabe duda que la rectoría del sistema financiero y de la política monetaria, la defensa y protección de los derechos humanos de las y los habitantes del país, la organización y arbitraje para celebrar elecciones libres, el acceso a la información pública gubernamental y protección a la privacidad, la generación de indicadores estadísticos para la correcta implementación de políticas públicas, así como la generación de condiciones para fomentar la competencia entre actores económicos y evitar monopolios, son funciones que deben ser desarrolladas a través de instituciones técnicas y especializadas que sean ajenas a la influencia y directrices de intereses políticos.
Ante dichas funciones estatales, nuestra Constitución reconoce expresamente como órganos constitucionales autónomos al Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al Instituto Nacional Electoral (INE), al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al Instituto Nacional Estadística y Geografía y a la Comisión Federal de Competencia Económica.
Es innegable que dichas instituciones ejercen funciones específicas de control, contrapeso e, incluso, revisión de decisiones gubernamentales. Como ejemplo, la CNDH o el INAI pueden promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte cuando algún ordenamiento legal vulnera derechos humanos o disposiciones en materia de transparencia, respectivamente.
De hecho, la CNDH también puede formular recomendaciones al Gobierno Federal para que atienda violaciones a derechos humanos. Dentro de las más destacadas en sexenios pasados encontramos las referentes a la guardería ABC (49/2009) y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (15VG/2018). Durante este gobierno también se han emitido recomendaciones, como aquella respecto a la cancelación del programa de estancias infantiles (29/2019).
El INE también tiene atribuciones importantes de control sobre el poder político. Desde 2015 emite un acuerdo que busca evitar el uso indebido de recursos púbicos a través de programas sociales durante los procesos electorales. También desde 2007 ha iniciado procedimientos sancionadores contra funcionarios públicos por la existencia de promoción personalizada con fines electorales. Este año no ha sido la excepción: a partir de denuncias presentadas por partidos políticos, el INE ha llamado a comparecer a funcionarios públicos de todos los niveles y corrientes políticas.
Por ello, no debe considerarse que las decisiones del INE en fechas recientes sean novedosas o que tengan una intencionalidad política; simplemente se cumple con el ejercicio de sus atribuciones, tal y como se hizo durante gobiernos anteriores.
Por diseño institucional y por naturaleza constitucional, los órganos constitucionales autónomos son -y deben ser- incómodos al poder político. De ahí que sea necesario que estén presididos e integrados por personas imparciales y que cuenten con garantías para que sus cargos no dependan de las mismas autoridades sobre las que ejercen sus funciones de control.
Este año hemos observado dos procesos severamente cuestionados en términos de designaciones de funcionarios en organismos autónomos: lo ocurrido con la integración de la Comisión Reguladora de Energía y el desaseado procedimiento de renovación de la presidencia de la CNDH. Ambos casos revelan que el interés de las fuerzas políticas afines al ejecutivo actual no se inclina por garantizar la autonomía, sino por buscar afinidades partidistas.
Dicha actitud vuelve a acreditarse con la propuesta de reforma constitucional presentada la semana pasada ante la Cámara de Diputados en la que legisladores de Morena buscan que en abril de 2020 concluya el periodo por el cual fue designado el actual presidente del INE, pese a que su nombramiento fue aprobado para concluir hasta abril de 2023.
Los argumentos de la iniciativa de reforma son verdaderamente impresentables, pero evidencian la intencionalidad de incidir en la integración de un órgano constitucional autónomo que cuenta con reconocimiento nacional e internacional en la organización de elecciones libres.
Hoy debemos poner mucha atención en esas pretensiones veladas de vulnerar instituciones autónomas. Hay que tomar en consideración que la autonomía no solo se garantiza con el reconocimiento constitucional, sino con el ejercicio cotidiano de ésta.
*Jefe de oficina de la presidencia del Consejo General del INE
@ebuendiaz
