No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo, afirmó Erasmo de Rotterdam. La libertad de expresión es uno de los más preciados bienes de la sociedad. Con denuncias ante tribunales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da un paso más en la intolerancia que hasta ahora había verbal frente a los medios de comunicación y periodistas en abierto rechazo a toda crítica.
La Unidad de Inteligencia de la secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, ha presentado una denuncia judicial contra “quien resulte responsable” por la aparición de la serie de televisión El populismo en América Latina, difundida durante la campaña para la presidencia de la República en 2018. El delito que se pretende fincar a realizadores y patrocinadores de ese trabajo periodístico es el de haber señalado los efectos de sistemas políticos en diversos países del continente, lo cual fue considerado como un ataque al entonces candidato López Obrador y como una violación a las leyes electorales de México.
Así, el gobierno de López Obrador avanza de manera preocupante para la democracia y la libertad de expresión en su postura frente a la prensa en general. La denuncia contra quien resulte responsable del supuesto delito por la aparición de una serie de televisión agudiza el ambiente en torno a las libertades de prensa y expresión, en el que desde el comienzo de su administración el presidente López Obrador ha dedicado buena parte de sus diarias conferencias mañaneras para llenar a periodistas, empresas y analistas políticos de epítetos y calificaciones derogatorias. Prensa fifí, conservadora, neoliberal y otros calificativos no menos despectivos son precedidos del inevitable “con todo respeto” antes de pasar a la descalificación de toda crítica o análisis en los que se cuestionen aspectos de la política de la administración, lo mismo del pasado que del presente.
La atmósfera de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación se enrarece con aportaciones de otros personajes del equipo del presidente. La diputada Tatiana Cloutier, a manera de denuncia acusa en su libro Juntos hicimos historia, al escritor Enrique Krauze de haber integrado un grupo de periodistas para escribir una serie de artículos publicados durante la campaña en relación con la candidatura de López Obrador. El comentario de López Obrador exonera a Krauze de la culpabilidad que Tatiana Cloutier le atribuye como parte de una campaña negra que constituiría un delito electoral. No obstante, a esa aclaración se antepone el consabido con todo respeto, seguida del calificativo que acompaña a toda referencia a la crítica, por fundada que sea. La denuncia presentada por el titular de la Unidad de Inteligencia de Hacienda tiende a materializar y a judicializar lo que desde el amanecer aparece a diario en voz del presidente: el rechazo a la confrontación de las ideas sustituida por la descalificación.
No soy vengativo, repite el presidente, pero encuentra y denuncia a adversarios y supuestos enemigos en todo aquello que no coincida con su política de destrucción del pasado y del presente que no le sea afín. Por decreto inapelable, por bando presidencial, López Obrador declara terminada la inmundicia del pasado neoliberal. Falta definir la naturaleza de un nuevo sistema en el que se advierten rasgos de intolerancia y autoritarismo de un gobierno vertical, de un solo hombre. La tan criticada hegemonía de los gobiernos del pasado no puede ser sustituida por una nueva hegemonía, forma de imposición que comienza por la negativa rotunda y la censura, verbal o a través de la vía judicial de toda oposición o crítica.
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