/ miércoles 4 de agosto de 2021

Consulta: fracaso anunciado

Lo que para el común de la opinión fue un fracaso la consulta popular, promovida por el gobierno y su partido, por la exigua votación tan lejana a la cifra para alcanzar la obligatoriedad del cumplimiento de la ambigua pregunta formulada a los ciudadanos, para el presidente de la República es una victoria de la democracia participativa supuestamente inaugurada en las urnas del domingo pasado. Siete millones sufragaron por el SI frente al universo de más de noventa millones que integran el padrón electoral que mantuvo abrumador silencio.

La diferencia está en el propósito del convocante al remedo de consulta, que no era la aplicación de la justicia a delitos de cinco expresidentes de la República o de altos funcionarios del pasado, sino el mantenimiento del discurso basado en el odio y la venganza con el cual conserva la popularidad no obstante los pobres resultados y los errores en la proximidad de la primera mitad de su gobierno. De ser cierto el deseo de hacer justicia, no habría sido necesaria una consulta con una pregunta a la ciudadanía cuya respuesta implicaba una absurda redundancia jurídica: ¿se debe o no emplear los instrumentos de la justicia para castigar faltas que lo ameritan? La consulta tuvo un costo superior a los quinientos millones de pesos que bien podían haber servido para otros fines. Si quien plantea esa cuestión considera que existen los elementos para proceder, bastarían las denuncias ante la autoridad competente para la aplicación de la justicia.

Al promover la consulta, el presidente Andrés Manuel López Obrador sabía sin duda que la respuesta sería un SI rotundo sin importar el número de votantes que acudieran a las urnas. Hoy, cuando los siete millones de sufragantes no alcanzan ni el ocho por ciento de la lista nominal, el presidente aprovecha esa circunstancia en favor de otro de sus propósitos: culpar del resultado de la consulta al Instituto Nacional Electoral con el argumento de una falta de voluntad y de entusiasmo en la organización de la consulta, de la que el INE con justa razón se muestra satisfecho por el cumplimiento de una tarea en la que hubo de superar numerosos obstáculos impuestos por el propio gobierno y su partido. Fracaso o victoria, a la consulta seguirá la organización de comisiones de la verdad llamadas desde ahora tribunales del pueblo para someter a juicio a los cinco expresidentes cuyos nombres no figuraban en la pregunta formulada por la Suprema Corte de Justicia por la cual se votó. Comisiones de la verdad ha habido varias en el pasado, estériles en cuanto a su efectividad jurídica, pero que han servido como instrumento político para mantener el discurso de censura y condena al pasado.

Que la meta fundamental de la consulta, originalmente proyectada para llevarse a cabo junto con las elecciones de junio pasado, se hace evidente con las afirmaciones del presidente, una vez confirmada la baja participación de la ciudadanía en las casillas instaladas por el INE. Los resultados de la votación, observa el presidente, no cancelan las posibilidades de llevar a juicio a los expresidentes; se hará así, asegura, si existen las pruebas suficientes por delitos cometidos en sus administraciones y se presentan las denuncias correspondientes ante los órganos de procuración y administración de justicia. Confesión de parte. Luego entonces para qué la faramalla de una consulta popular si está abierto el camino de la justicia para denunciar delitos supuestos o reales, prescritos o vigentes, como lo señala el propio jefe del Ejecutivo. Nada para hacerlo impediría el recurso legal propio de la democracia en la que el estado de derecho y el imperio del orden constitucional deben prevalecer sobre los propósitos de la demagogia para el mantenimiento de la popularidad basado en la división y el odio en la sociedad.

En medio de las justificaciones por la baja participación de votantes en la llamada consulta popular hay voces, algunas de intelectuales o analistas políticos de las que se esperarían juicios ponderados que atribuyen esa pobre participación a la falta de conciencia de la ciudadanía frente a delitos del pasado. No es así. La alta abstención de votantes en la consulta popular es precisamente muestra de la conciencia de buena parte de la ciudadanía sobre el engaño del que se ha querido hacerla objeto. Esa mayoría silenciosa advirtió a tiempo, con gran claridad, el verdadero propósito de la consulta, que no buscaba justicia sino venganza a costa de la unidad de la sociedad, auténtica muestra de una democracia por encima de las diferencias que le son inherentes.

sdelr1934@gmail.com


Lo que para el común de la opinión fue un fracaso la consulta popular, promovida por el gobierno y su partido, por la exigua votación tan lejana a la cifra para alcanzar la obligatoriedad del cumplimiento de la ambigua pregunta formulada a los ciudadanos, para el presidente de la República es una victoria de la democracia participativa supuestamente inaugurada en las urnas del domingo pasado. Siete millones sufragaron por el SI frente al universo de más de noventa millones que integran el padrón electoral que mantuvo abrumador silencio.

La diferencia está en el propósito del convocante al remedo de consulta, que no era la aplicación de la justicia a delitos de cinco expresidentes de la República o de altos funcionarios del pasado, sino el mantenimiento del discurso basado en el odio y la venganza con el cual conserva la popularidad no obstante los pobres resultados y los errores en la proximidad de la primera mitad de su gobierno. De ser cierto el deseo de hacer justicia, no habría sido necesaria una consulta con una pregunta a la ciudadanía cuya respuesta implicaba una absurda redundancia jurídica: ¿se debe o no emplear los instrumentos de la justicia para castigar faltas que lo ameritan? La consulta tuvo un costo superior a los quinientos millones de pesos que bien podían haber servido para otros fines. Si quien plantea esa cuestión considera que existen los elementos para proceder, bastarían las denuncias ante la autoridad competente para la aplicación de la justicia.

Al promover la consulta, el presidente Andrés Manuel López Obrador sabía sin duda que la respuesta sería un SI rotundo sin importar el número de votantes que acudieran a las urnas. Hoy, cuando los siete millones de sufragantes no alcanzan ni el ocho por ciento de la lista nominal, el presidente aprovecha esa circunstancia en favor de otro de sus propósitos: culpar del resultado de la consulta al Instituto Nacional Electoral con el argumento de una falta de voluntad y de entusiasmo en la organización de la consulta, de la que el INE con justa razón se muestra satisfecho por el cumplimiento de una tarea en la que hubo de superar numerosos obstáculos impuestos por el propio gobierno y su partido. Fracaso o victoria, a la consulta seguirá la organización de comisiones de la verdad llamadas desde ahora tribunales del pueblo para someter a juicio a los cinco expresidentes cuyos nombres no figuraban en la pregunta formulada por la Suprema Corte de Justicia por la cual se votó. Comisiones de la verdad ha habido varias en el pasado, estériles en cuanto a su efectividad jurídica, pero que han servido como instrumento político para mantener el discurso de censura y condena al pasado.

Que la meta fundamental de la consulta, originalmente proyectada para llevarse a cabo junto con las elecciones de junio pasado, se hace evidente con las afirmaciones del presidente, una vez confirmada la baja participación de la ciudadanía en las casillas instaladas por el INE. Los resultados de la votación, observa el presidente, no cancelan las posibilidades de llevar a juicio a los expresidentes; se hará así, asegura, si existen las pruebas suficientes por delitos cometidos en sus administraciones y se presentan las denuncias correspondientes ante los órganos de procuración y administración de justicia. Confesión de parte. Luego entonces para qué la faramalla de una consulta popular si está abierto el camino de la justicia para denunciar delitos supuestos o reales, prescritos o vigentes, como lo señala el propio jefe del Ejecutivo. Nada para hacerlo impediría el recurso legal propio de la democracia en la que el estado de derecho y el imperio del orden constitucional deben prevalecer sobre los propósitos de la demagogia para el mantenimiento de la popularidad basado en la división y el odio en la sociedad.

En medio de las justificaciones por la baja participación de votantes en la llamada consulta popular hay voces, algunas de intelectuales o analistas políticos de las que se esperarían juicios ponderados que atribuyen esa pobre participación a la falta de conciencia de la ciudadanía frente a delitos del pasado. No es así. La alta abstención de votantes en la consulta popular es precisamente muestra de la conciencia de buena parte de la ciudadanía sobre el engaño del que se ha querido hacerla objeto. Esa mayoría silenciosa advirtió a tiempo, con gran claridad, el verdadero propósito de la consulta, que no buscaba justicia sino venganza a costa de la unidad de la sociedad, auténtica muestra de una democracia por encima de las diferencias que le son inherentes.

sdelr1934@gmail.com


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