/ lunes 28 de junio de 2021

Consulta popular

El 1 de agosto viviremos la primera experiencia de un ejercicio de participación directa al amparo de la Ley Federal de Consulta Popular. Después de la intensa deliberación que generó la propuesta del presidente de la república y de una polémica sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la pregunta que será sometida por el INE al sí o al no de las y los ciudadanos.

Si bien esta figura se incorporó recientemente al orden jurídico mexicano junto a la iniciativa ciudadana como instrumentos esenciales de participación en nuestra democracia, sabemos que las primeras propuestas para organizar consultas populares en la jornada electoral del año 2015, fueron desechadas por la Corte al considerar que se ubicaban o en temas que no son susceptibles de consulta o porque no los consideró trascendentes para el país.

Recientemente el INE informó que se instalarán alrededor de 57 139 mesas receptoras, poco más de la mitad de las que inicialmente se proyectaron. En cada una habrá como máximo dos mil papeletas y se integrarán con funcionarios que ya participaron en las elecciones del 6 de junio, que dieron su anuencia y que serán capacitados para esta tarea. El propio Instituto ha señalado que el costo será de alrededor de 590 millones de pesos y que no habrá representantes de los partidos en ellas.

Los electores que decidan participar deberán contar con su credencial para votar incluidas las que vencieron en 2019 y 2020. Para garantizar la salud de todas y todos, el INE aplicará protocolos sanitarios similares a los ya implementados, con uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel y sana distancia. Los cómputos nacionales se harán 72 horas después de la jornada de consulta y se darán a conocer en definitiva una vez que se resuelvan los medios de impugnación, en caso de que se presenten. Por ser un ejercicio de consulta no habrá resultados preliminares ni conteos rápidos. Solo podrá promocionarla el INE y nadie más, a partir del 15 de julio.

Los preparativos avanzan, apenas tres semanas despúes de la jornada de votación de las elecciones constitucionales y pese a que el clima volvió a enrarecerse con la intesidad del ejecutivo y de su partido para sacar adelante una nueva reforma electoral, es un hecho que la maquinaria del INE organizará la consulta.

Coincido con diversos opinadores sobre la importancia de la consulta como forma directa de participación y sobre la necesidad de usarla en ocasiones posteriores para que todos nos involucremos en la toma de decisiones colectivas, Creo, sin embargo, que inauguraremos esta experiencia con una pregunta confusa, de la que no se sabe a ciencia cierta cuál es el alcance y menos aún, en caso de que el resultado mayoritario sea “sí”, cuáles serán sus efectos.

Por más confusión generada deliberadamente, es un hecho que si se logra una participación del al menos 40 por ciento de los inscritos en los listados nominales, más o menos 37.5 millones de personas, y de éstos, la mayoría apoya el sí, ello no llevará a juicio en automático a los expresidentes, ni los pondría con un pie en la cárcel. Para administrar justicia no hacen falta consultas si no la aplicación de procedimientos regulados en las leyes, así que veremos a qué nos conduce el ejercicio en curso y, sobre todo, qué entenderán quienes se expresen, por “acciones pertinentes”, qué temporalidad le asignarán y, sobre todo, a qué actores políticos se referirán. Vaya galimatías.

*Profesor en UP y UNAM. Especialista en Materia Electoral.

@MarcoBanos



El 1 de agosto viviremos la primera experiencia de un ejercicio de participación directa al amparo de la Ley Federal de Consulta Popular. Después de la intensa deliberación que generó la propuesta del presidente de la república y de una polémica sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la pregunta que será sometida por el INE al sí o al no de las y los ciudadanos.

Si bien esta figura se incorporó recientemente al orden jurídico mexicano junto a la iniciativa ciudadana como instrumentos esenciales de participación en nuestra democracia, sabemos que las primeras propuestas para organizar consultas populares en la jornada electoral del año 2015, fueron desechadas por la Corte al considerar que se ubicaban o en temas que no son susceptibles de consulta o porque no los consideró trascendentes para el país.

Recientemente el INE informó que se instalarán alrededor de 57 139 mesas receptoras, poco más de la mitad de las que inicialmente se proyectaron. En cada una habrá como máximo dos mil papeletas y se integrarán con funcionarios que ya participaron en las elecciones del 6 de junio, que dieron su anuencia y que serán capacitados para esta tarea. El propio Instituto ha señalado que el costo será de alrededor de 590 millones de pesos y que no habrá representantes de los partidos en ellas.

Los electores que decidan participar deberán contar con su credencial para votar incluidas las que vencieron en 2019 y 2020. Para garantizar la salud de todas y todos, el INE aplicará protocolos sanitarios similares a los ya implementados, con uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel y sana distancia. Los cómputos nacionales se harán 72 horas después de la jornada de consulta y se darán a conocer en definitiva una vez que se resuelvan los medios de impugnación, en caso de que se presenten. Por ser un ejercicio de consulta no habrá resultados preliminares ni conteos rápidos. Solo podrá promocionarla el INE y nadie más, a partir del 15 de julio.

Los preparativos avanzan, apenas tres semanas despúes de la jornada de votación de las elecciones constitucionales y pese a que el clima volvió a enrarecerse con la intesidad del ejecutivo y de su partido para sacar adelante una nueva reforma electoral, es un hecho que la maquinaria del INE organizará la consulta.

Coincido con diversos opinadores sobre la importancia de la consulta como forma directa de participación y sobre la necesidad de usarla en ocasiones posteriores para que todos nos involucremos en la toma de decisiones colectivas, Creo, sin embargo, que inauguraremos esta experiencia con una pregunta confusa, de la que no se sabe a ciencia cierta cuál es el alcance y menos aún, en caso de que el resultado mayoritario sea “sí”, cuáles serán sus efectos.

Por más confusión generada deliberadamente, es un hecho que si se logra una participación del al menos 40 por ciento de los inscritos en los listados nominales, más o menos 37.5 millones de personas, y de éstos, la mayoría apoya el sí, ello no llevará a juicio en automático a los expresidentes, ni los pondría con un pie en la cárcel. Para administrar justicia no hacen falta consultas si no la aplicación de procedimientos regulados en las leyes, así que veremos a qué nos conduce el ejercicio en curso y, sobre todo, qué entenderán quienes se expresen, por “acciones pertinentes”, qué temporalidad le asignarán y, sobre todo, a qué actores políticos se referirán. Vaya galimatías.

*Profesor en UP y UNAM. Especialista en Materia Electoral.

@MarcoBanos