Para el politólogo Giovanni Sartori “la titularidad del poder no resuelve en lo más mínimo el problema de la potestad popular”. No exenta de la polémica, la politización y galimatías que plantó la pregunta de la consulta popular, se abre la posibilidad de acceder a una democracia más legítima y directa. Por primera vez, este 1 de agosto, México avanzó en la democracia participativa.
A través de este ejercicio, se buscaba reconocer el derecho que tiene el pueblo mexicano de tomar decisiones de interés público y consecuentemente, vincular a la justicia a quienes tomaron malas decisiones en los últimos sexenios. Esto es, cumplir con una demanda pendiente: recuperar la memoria histórica y saldar agravios del pasado.
Innegable el rechazo social sobre el pasado ominoso de los expresidentes. La investigación digital de Dinamic Company analizó 155 mil conversaciones en las principales redes sociales. El mayor número de críticas de los internautas fueron para Felipe Calderón con 35%. Posteriormente, Enrique Peña Nieto con 28.1%. El 20% de los consultados repudiaron la gestión de Carlos Salinas. La desaprobación para Vicente Fox fue de 12.5% y con un porcentaje menor, 4.1%, para Ernesto Zedillo.
Sin embargo, ante la baja participación de tan solo el 7% del padrón electoral -aunque ganó el “Sí”- debemos plantearnos con toda seriedad y objetividad si este primer ejercicio fue un fracaso. En este análisis habrá que reflexionar sobre el papel del Instituto Nacional Electoral; el rol político de este órgano electoral, los diversos actores políticos y los partidos; la politización y crispación social; el papel de los medios de comunicación; la efectividad de la campaña para promocionar la consulta; y lo primordial: indagar el origen y las causas de la apatía ciudadana o la endeble cultura cívica en asuntos públicos.
Para quienes sostienen que la ley no se consulta, es menester vislumbrar que la misma consulta es un mecanismo para aplicar la ley. Parafraseando a Lorenzo Meyer, “en México la ley no se aplica”, el nivel de impunidad en nuestro país es del 95%. En este sentido, la consulta popular es una herramienta para la expresión en temas de trascendencia y vinculantes que deben incidir en las decisiones de los órganos representativos del Estado a través de la voluntad del pueblo.
La impunidad en la que se han regodeado los expresidentes parecía no tener límites, por tal motivo, debemos cuestionarnos si fracasó este ejercicio ciudadano o perdimos la oportunidad de enmendar los agravios de nuestro pasado reciente.
