El domingo pasado se celebró por primera vez una Consulta Popular con alcance nacional, apegada a lo que establece la Constitución y la ley de la materia. Los resultados difundidos por el INE arrojaron que 6.6 millones de personas emitieron su opinión, esto es, el 7.11% del total de la Lista Nominal de Electores. Es importante señalar que no se cumplió el requisito de 40% que establece la Constitución para hacer vinculante el resultado de la pregunta que sometió a consideración de la ciudadanía.
Hoy existen críticas injustificadas al INE relacionadas con la organización del proceso de consulta: desde boicots institucionales hasta señalamientos directos a integrantes del Consejo General del INE relacionados con presuntas conductas que “inhibieron” la participación ciudadana. Verdaderos ejemplos de infundios.
En principio hay que señalar que a diferencia de experiencias previas, se trató de un ejercicio serio de democracia participativa en el que el INE aseguró que todas las ciudadanas y ciudadanos que se encuentran inscritos en la Lista Nominal de Electores tuvieran una boleta para que pudieran participar en la Mesa Receptora que les correspondía conforme a su domicilio.
De igual forma, en esta Consulta se garantizó que solamente se pudiera participar en una ocasión. Como ocurre en cada elección, el INE instrumentó el uso de tinta indeleble y marcaje de la credencial para votar con fotografía. También fueron debidamente resguardados los datos personales de la ciudadanía. En esta ocasión, al entregar la credencial para votar no se llenaron listas de participación que nadie sabe cuál fue su destino final.
Hoy podemos afirmar que el INE garantizó que en la Consulta Popular del pasado 1 de agosto se cumplieran las mismas garantías que tiene todo proceso electoral: certeza, imparcialidad y legalidad. Se instalaron más de 57 mil mesas receptoras de opinión para que la ciudadanía ejerciera su derecho y se informó, con la debida anticipación, el lugar donde estarían ubicadas a través del sitio de internet de la autoridad electoral y en whatsapp. Todo para que las y los mexicanos interesados en participar lo hicieran. Nadie puede señalar que no había una boleta esperando en su casilla.
Para dimensionar el alcance del trabajo de difusión que realizó el INE en tan solo 16 días (pues así lo determinó el Congreso de la Unión), es conveniente señalar que ésta se realizó en más de 377 mil anuncios en radio y tv, en 8500 espacios de publicidad a nivel estatal y distrital (incluyendo espacios ofrecidos por el Gobierno de la CDMX), así como a través de casí 1000 publicaciones en redes sociales. Ello con independencia de las 186 entrevistas a las y los Consejeros Electorales y las 335 jornadas de diálogo que se implementaron para que la ciudadanía analizara y discutiera sobre la Consulta Popular.
También se ejerció la facultad sancionadora la autoridad. A partir de la presentación de diversas quejas, se ordenó al Presidente de la República y a los Gobernadores de Tamaulipas y Jalisco (en dos ocasiones), se abstuvieran de difundir propaganda gubernamental en cualquier espacio o medio de comunicación. Recordemos que desde el 15 de julio estaba prohibido por la Constitución la difusión de propaganda gubernamental.
Aunque a algunos actores políticos les moleste e incluso realicen persecución política y judicial contra funcionarios del INE por actuar conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, la autoridad electoral ejerció su función de garante de la legalidad sin filias ni fobias. Esto es, no fue omiso ante conductas cuyo objetivo fue violar la ley.
Hoy podemos afirmar que la organización y conducción de los trabajos organizativos de la Consulta Popular por el INE fueron apegadas a las normas. La ciudadanía confió en la institución y participo voluntariamente en dos vías: 1) integró las mesas receptoras de opinión (285 mil) y 2) participó con su opinión (6.6 millones). No hay razones para desvirtuar el éxito organizativo de la jornada del pasado domingo.
Si alguien critica el desempeño de la autoridad respecto al % de participación ciudadana, primero habrá que analizar con seriedad si ello se debió a la pregunta rebuscada que redactó la SCJN, si fue porque el principal ideólogo y promotor de la consulta manifestó públicamente que no iba a participar o porque se malinformó por terceros a la ciudadanía sobre lo que involucraba la pregunta.
De ahí que debemos privilegiar los hechos sobre los dichos y acusaciones sin fundamento que se realizan a la autoridad electoral sobre la Consulta Popular. Mientras ello ocurre, reconozcamos que estos ejercicios deberán ser parte de nuestra normalidad democrática y dejemos que se vayan consolidando poco a poco.
*Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General.
@ebuendiaz
