¿Por qué hacer una contrarreforma eléctrica si todos saldremos perdiendo en una espiral de deterioro? Alguien podría decir que quizá porque contribuye a afianzar al grupo que hoy está en el poder a través de la captura de un sector tan importante. Sin embargo, por esta vía, éste y los sucesivos gobiernos se toparán con menos recursos y más problemas que, tarde o temprano, generarán conflictividad social, con los sectores productivos y otros países.
Así ocurrirá cuando falte dinero para pagar los subsidios, al dispararse los costos por haber sacado de la estructura a los generadores de energía más competitivos. No hay de otra, si se provoca desinversión, en lugar de permitir la construcción de la capacidad para estar a la altura de la evolución de la demanda, con capital fresco que no tiene nuestro Gobierno. Peores problemas aun cuando haya apagones por falta de inversión y mantenimiento. Máxime ante picos en los precios de insumos para la generación eléctrica. Más allá de la retórica sobre autonomía, más de 75% del suministro de gas natural depende de la importación.
Más conflictos van a destaparse cuando haya que hacer recortes adicionales al gasto público para sostener las pérdidas masivas y/o el incremento en el costo de la deuda, dado que a la pérdida de grado de inversión de Pemex puede seguir la de CFE e incluso la del país. Fuera de discursos, ni soberanía energética ni financiera real.
¿Qué ocurrirá cuando se profundice la precariedad laboral porque la sequía que hoy vemos en inversión productiva se torna crónica? ¿Y cuando vengan incrementos en productos de primera necesidad, al subir los costos de producción? A menos que se pretenda imponer más monopolios o controles de precios, lo que derivaría en escasez e inflación hundida. Es el riesgo de desatar un efecto dominó de deterioro y de estatismo reactivo y disfuncional como el de Venezuela.
Los argumentos contra este paso al despeñadero no dejan de acumularse. El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) ha subrayado que, además de la limitación al acceso a energía asequible, segura, sostenible y suficiente, primero para empresas y luego familias, iríamos en sentido contrario a los esfuerzos internacionales por las energías limpias y renovables, alejándonos de una transición energética firme y ordenada.
Es dar espaldas al futuro. A diferencia de otras controversias, aquí coinciden en lo básico agrupaciones empresariales con organizaciones ambientalistas. Hay que leer el comunicado de Greenpeace México, donde advierte, en la misma línea que el CEEG, que esta reforma implicaría mayor uso de carbón y combustóleo, de alto costo para la generación, la salud y el medio ambiente. Y que todo eso “tendrá que verse reflejado en la tarifa eléctrica que nos llega o en un mayor subsidio, que al final de cuentas sale del dinero público, es decir los impuestos”.
Hay que insistir en que, de aprobarse la contrarreforma, el entorno de inversión en México quedaría golpeado en la línea de flotación. Así lo anticipa el Consejo que integra a las multinacionales: se afecta la confianza y la certidumbre indispensables para el mantenimiento y la llegada de nuevas inversiones.
Con la eliminación de las comisiones Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarburos, así como la absorción del Centro Nacional de Control de Energía en la CFE, se impondría un pésimo precedente para la desaparición de otros órganos reguladores autónomos, los cuales tienen el cometido de garantizar condiciones de competencia y ser diques a la discrecionalidad y la opacidad en la toma de decisiones. Además, se violentarían derechos amparados por tratados internacionales; de entrada, el TMEC.
Hay que escuchar esos argumentos: tienen que ver con un sector que contribuye a generar más del 10% de nuestro PIB y con la mirada hacia México desde el mundo corporativo.
Cómo pensamos que se ve a un país donde el titular de una empresa del Estado que busca el monopolio clama que aquí se pueden violentar principios universales del derecho como la no retroactividad y cancelar contratos legales sin indemnización “porque es una decisión de la Constitución de México”. Por acusación retórica de que son “atracos”, sin siquiera denuncia formal. De darse esa acción arbitraria, ¿no se vería como justo lo opuesto, contra inversiones por más de 44 mil millones de dólares?
Como calculan analistas de Citibanamex, esto podría costar a México alrededor de 85 mil millones por compensaciones e indemnizaciones por los daños y los gastos de los litigios (nacionales y de laudos internacionales). Y si no se reconocieran las instancias de derecho internacional, ¿cómo quedaría el país expuesto y desprovisto de crédito internacional; por qué medios alternos se nos cobraría? Esto no van a pagarlo los legisladores, sino todos los mexicanos y las nuevas generaciones.
No por nada consideran que las consecuencias serían mucho más profundas que las de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, el “error de octubre” de 2018, como lo denominó un análisis de esa misma institución. Las inversiones involucradas son mucho mayores y la electricidad y sus costos inciden en la producción nacional agregada y la actividad económica en general.
México no puede hacerse ese daño sólo por ideología o ilusión de control político. Hace falta congruencia y valentía en la Alianza Va por México en su integridad; en particular de parte del PRI, promotor de la reforma del 2013. Urge la claridad. Los riesgos y los costos se elevan con cada día de ambigüedad.
