El que la iniciativa constitucional del Ejecutivo Federal en materia eléctrica haya sido descartada por no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados es una noticia alentadora. Muestra una oposición efectiva, capaz de parar, o al menos limitar, una regresión dramática en el sector energético y para la economía nacional. De haber pasado, hubiera sembrado precedentes muy negativos y potencialmente irreversibles. No obstante, el problema de fondo persiste.
El que, previamente, la contrarreforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 no fuera declarada inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia, con siete votos para invalidarla contra cuatro que permitieron que siga vigente, fue una oportunidad perdida para acotar un proceso de erosión de la confianza y la inversión que dura ya más de tres años.
Subsisten los amparos interpuestos y puede haber más, todos con alta probabilidad de ganar en última instancia. Hay dudas sobre la fórmula para el conteo de los votos de los ministros, las cuales apuntan a que procedía la inconstitucionalidad, y de cualquier modo, por congruencia, los jueces y la mayoría de los ministros tendrían que avalar dichos recursos legales.
Sin embargo, más allá de los debates jurídicos, ideológicos y políticos, las diversas maniobras del gobierno para revertir la reforma constitucional del 2013 y forzar los cambios que busca ya han dejado consecuencias profundas. Han frenado contundentemente la inversión y lo más probable es que lo seguirán haciendo por dos vías fundamentales.
Primero, incertidumbre jurídica, al quedar comprometida la integridad de las inversiones actuales y potenciales, en un contexto de discrecionalidad e imprevisibilidad. Por un lado, por la precariedad de las bases institucionales para desarrollar proyectos en el sector eléctrico. Por otro, para otras industrias, ante la evidencia de deterioro del Estado de derecho, confirmado incluso por la confusa intervención de la Suprema Corte.
Segundo, incertidumbre energética, con la duda de si en México puede contarse con un abasto sostenible de energía segura, competitiva en costo y en línea con parámetros regulatorios y normativos relacionados con la transición energética ante el cambio climático, fundamental para empresas con operaciones internacionales.
El impacto en la inversión se ha hecho sentir desde que la contrarreforma se intentó por el camino de acciones administrativas y la alineación de los organismos regulatorios, que frecuentemente parecen actuar en función de directrices políticas, antes que técnicas y de la normativa vigente. La incertidumbre ha sido prevalente desde que se suspendieron las subastas de mercado, y más con los decretos unilaterales y las iniciativas de reforma ostensiblemente retroactivas.
Hoy existen entre 30 mil y 50 mil millones de dólares en inversiones detenidas de empresas que están esperando un marco energético más claro para desarrollarlos o retirarse. Son estimaciones de fuentes públicas, como lo ha referido la compañía global de riesgos empresariales Kroll.
Según un reporte que acaba de publicar el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos, México tiene un potencial de cerca de 28 mil 600 gigawatts de capacidad de generación de energía renovable, sobre todo fotovoltaica. A corto plazo podría materializarse la necesaria para cumplir con el compromiso de que 35% de nuestra electricidad venga de fuentes limpias al 2024, estar a la altura del crecimiento de la demanda esperado para entonces (cerca de 13%), reducir significativamente los costos en el sistema y, entre tanto, atraer inversiones por 17 mil millones de dólares que podrían crear 72 mil empleos de tiempo completo.
En la inversión física total en México, en enero por fin se alcanzó el nivel previo a la pandemia (febrero de 2020), pero éste sigue más de 13% debajo del de julio 2018. Desde entonces se inició una tendencia de declive, precipitada por la política energética.
Todo esto significa menos crecimiento y empleos, en un momento en que hay ingentes recursos globales para fondear inversiones en energías renovables y cuando México podría ser un gran beneficiario de los procesos de relocalización de encadenamientos productivos, como opción cercana al mercado estadounidense y para reducir la dependencia de China. Sin seguridad jurídica y energética, estamos dejando escapar esa oportunidad irrepetible.
A mediano y largo plazos, la falta de inversiones para estar al corriente del crecimiento de la demanda eléctrica, tras los años en pausa, implicará una gran presión al sistema e inseguridad en el abasto para empresas y población en general. Nuestro gobierno simplemente no las está haciendo ni cuenta con el dinero para ello. Menos lo tendrá de verse obligado a pagar más sobrecostos en la operación de la CFE, así como indemnizaciones multimillonarias derivadas de litigios internacionales o disputas en el marco del TMEC. El descarte de la contrarreforma constitucional ayuda ante esos riesgos, pero no los elimina.
Insistir en la regresión, sea por la vía legal, medidas de bloqueo y hostigamiento, o imposición, no hará sino agravar y extender costos y rezagos. Lo sensato es dar ya la vuelta a esta página para abrir una de realismo y oportunidad: cómo generamos más electricidad, limpia y barata, en tiempo y forma; con ello, más inversión, crecimiento y empleo. Ante la polarización imperante, parece difícil, pero la razón siempre tiene oportunidad de abrirse paso.
