El Presidente electo López Obrador anunció un cambio importante en la organización gubernamental, consistente en la concentración de las facultades delegadas del Ejecutivo en un solo funcionario, esto ha generado un debate, en gran parte desinformado, sin embargo, la decisión es sensata y funcional ya que generará grandes beneficios, por lo que vale la pena aclarar conceptualmente y frente a la opinión pública algunos temas.
La propuesta no invade la esfera jurídica, ni la soberanía de los Estados, en primer término porque sólo administrarán programas y recursos federales, no tendrán injerencia en programas estatales; en segundo lugar, las facultades de los gobiernos estatales no están consideradas en la Constitución Federal, sino en las constituciones locales, es una delegación de las facultades del Ejecutivo Federal.
Para que los beneficios sean una realidad, es necesaria una claridad conceptual, técnica, jurídica y operativa. En lo esencial es muy sencillo, se pasa de un modelo en el cual cada dependencia gubernamental tiene delegaciones en los Estados, a un modelo en el cual el titular del Ejecutivo delega directamente a un representante del gobierno federal por Estado. Esto es armónico con el modelo federal, baste decir que los Gobiernos Estatales tienen a un representante ante el Gobierno Federal y el modelo funciona.
Actualmente las secretarías de Estado que integran la Administración Pública Federal cuentan con más de 500 oficinas de representación en el país y cada una de ellas opera con una plantilla de más de 4 mil empleados, integrada por subdelegados, jefes de departamentos de recursos humanos y de finanzas, coordinadores de área, directores de programas específicos, sólo por mencionar algunos, cuya nómina asciende a millones de pesos mensuales. A lo que se suma que el sueldo mensual bruto de un delegado federal es en promedio de 130 mil pesos.
Al pago de personal se adiciona el gasto de mantenimiento de oficinas, vehículos particulares, realización de eventos, pago de viáticos, etcétera. La reducción de estructuras de las delegaciones federales es una propuesta que también ha sido apoyada por el sector empresarial, en particular la Coparmex.
Algunas consideraciones para fortalecer esta nueva figura de Coordinador Estatal son: Cambios al marco jurídico. Publicar un acuerdo presidencial que genere las delegaciones presidenciales basadas en sus facultades constitucionales, en éste se definirían los alcances, las funciones y las organizaciones. Podría ser conveniente, aunque no indispensable, una reforma en la Ley Orgánica de la Administración Púbica. De no cubrir de manera correcta estos requisitos, sus acciones pueden ser vulnerables en amparo. Realizar un inventario de procesos y servicios incluidos en la delegación. Delimitar el universo de trabajo que tendrán los representantes federales, pareciera obvio, pero lleva a definiciones, por ejemplo, si la Subsecretaría de Servicios Metropolitanos de la SEP o los temas de seguridad pública para la Ciudad de México que en la Constitución están asignados a la federación, serán materia del representante federal.
Definir el proceso de planeación, presupuesto, implementación, resultado, control, retroalimentación en manuales publicados que realizarán los representantes; definir responsables operativos por dependencia. Si bien desaparecen las delegaciones federales, es conveniente designar a un jefe operativo por dependencia, sin facultades de representación, ni decisión política, pero que sea responsable de la realización de procesos, atención a los ciudadanos y prestación de servicios.
El ahorro de recursos humanos y financieros para la nueva administración no se encuentra en la reducción de millones de pesos que hasta hoy se designaban para esta tarea, sino el principal capital se haya en la cercanía y atención inmediata que los delegados den a los grandes problemas de desigualdad que hoy atormentan a nuestro país.
Senador por el PT-Morena
@LuisHFernandez
