/ martes 11 de septiembre de 2018

Coparmex | Adiós a la Capital Federal

Por: Gustavo A. de Hoyos Walther

Una de las definiciones básicas de los sistemas federales fue la institución de una capital federal, que fungiere como sede de los poderes federales. En los anales de la historia de muchos países, hay evidencia de las luchas políticas y deliberaciones legislativas en torno a la conveniencia de reunir en una sola demarcación física, las principales instituciones del Estado, incluido el asiento del titular del Poder Ejecutivo (Presidente o Primer Ministro), del Poder Legislativo (Congreso o Parlamento) y del Poder Judicial (Cortes y Tribunales Supremos).

Han existido casos tan divergentes, que van desde la disputa de dos ciudades por ser la capital (Moscú en su competencia con San Petesburgo); o el recelo del territorio estatal rechazando la presencia de la sede federal (Distrito de Columbia); e incluso la creación de ciudades federales (Brasilia o Ankara).

Más allá de estas particularidades históricas, lo que ha sido una constante es el arribo a la definición de un lugar específico, que haga las veces de capital federal.

En el caso de México, como pasa en varias de las grandes capitales del mundo, además de la concentración del poder político, la capital constituye la más importante metrópoli del País, en razón de la concentración de la población y la relevancia de la actividad económica que se realiza en torno a ella. Casos similares se encuentran en Londres (en Europa), Tokio y Delhi (en Asia), Jakarta (en Oceanía), Cairo (en África) y Buenos Aires o Santiago (en Sudamérica).

En diversas regiones del mundo, en distintos momentos de la historia, se ha analizado la conveniencia de segregar las agencias del Gobierno Federal, y distribuirlas a lo largo del territorio. La conclusión ha sido constante en todo el mundo: Son más los inconvenientes que los beneficios que se generan con la dispersión de la autoridad federal.

Incluso en los casos en que la capital federal tiene una dimensión, población e importancia económica, notoriamente menor que las principales ciudades del País, como ocurre en Estados Unidos o Canadá (con Nueva York y Toronto), en Brasil (con Sau Pablo), en Australia (con Sidney), en China (con Shanghai), en Turquía (con Estambul), o en Sudáfrica (con Jahanesburgo), un análisis ha determinado la importancia de la concentración de la sede de los poderes públicos en la capital federal.

En México, el Presidente Electo anunció, en los días siguientes de la elección, su intención de trasladar la sede de cerca de 31 de las entidades más importantes del Gobierno Federal, a distintas ciudades del País. La selección de los destinos para la reubicación, se ha realizado sin que mediase un estudio de localización como el que se hace para cualquier inversión empresarial de mediana envergadura. La propuesta del Presidente Electo se ha fundamentado, en la convicción que esa medida pudiere mejorar los servicios públicos que presta el Gobierno Federal, a resultas de la descentralización masiva. También se ha esgrimido para justiciar la iniciativa, que el traslado de dependencias impulsará el desarrollo regional.

Es evidente que la hipotética medida gubernamental en comento tendría efectos trascendentes para el País más allá de un período de gobierno, tanto en términos de su modelo de gobernanza, como de la inversión de largo plazo y costos de operación que supondría.

Por ello, es indispensable que antes de proceder a su ejecución, se abra un amplio espacio de consultas, para que con la participación de expertos, los diversos actores políticos y amplios sectores de la sociedad, se pueda concluir si los beneficios esperados de la medida, superarán los evidentes y cuantiosos costos que supondría.

En ello, el Poder Legislativo Federal tendrá una grave responsabilidad por los cambios legislativos y recursos, cuya aprobación requerirían para llevarla adelante como se ha propuesto.

Veremos si los legisladores están listos para cumplir con esa delicada responsabilidad.


Por: Gustavo A. de Hoyos Walther

Una de las definiciones básicas de los sistemas federales fue la institución de una capital federal, que fungiere como sede de los poderes federales. En los anales de la historia de muchos países, hay evidencia de las luchas políticas y deliberaciones legislativas en torno a la conveniencia de reunir en una sola demarcación física, las principales instituciones del Estado, incluido el asiento del titular del Poder Ejecutivo (Presidente o Primer Ministro), del Poder Legislativo (Congreso o Parlamento) y del Poder Judicial (Cortes y Tribunales Supremos).

Han existido casos tan divergentes, que van desde la disputa de dos ciudades por ser la capital (Moscú en su competencia con San Petesburgo); o el recelo del territorio estatal rechazando la presencia de la sede federal (Distrito de Columbia); e incluso la creación de ciudades federales (Brasilia o Ankara).

Más allá de estas particularidades históricas, lo que ha sido una constante es el arribo a la definición de un lugar específico, que haga las veces de capital federal.

En el caso de México, como pasa en varias de las grandes capitales del mundo, además de la concentración del poder político, la capital constituye la más importante metrópoli del País, en razón de la concentración de la población y la relevancia de la actividad económica que se realiza en torno a ella. Casos similares se encuentran en Londres (en Europa), Tokio y Delhi (en Asia), Jakarta (en Oceanía), Cairo (en África) y Buenos Aires o Santiago (en Sudamérica).

En diversas regiones del mundo, en distintos momentos de la historia, se ha analizado la conveniencia de segregar las agencias del Gobierno Federal, y distribuirlas a lo largo del territorio. La conclusión ha sido constante en todo el mundo: Son más los inconvenientes que los beneficios que se generan con la dispersión de la autoridad federal.

Incluso en los casos en que la capital federal tiene una dimensión, población e importancia económica, notoriamente menor que las principales ciudades del País, como ocurre en Estados Unidos o Canadá (con Nueva York y Toronto), en Brasil (con Sau Pablo), en Australia (con Sidney), en China (con Shanghai), en Turquía (con Estambul), o en Sudáfrica (con Jahanesburgo), un análisis ha determinado la importancia de la concentración de la sede de los poderes públicos en la capital federal.

En México, el Presidente Electo anunció, en los días siguientes de la elección, su intención de trasladar la sede de cerca de 31 de las entidades más importantes del Gobierno Federal, a distintas ciudades del País. La selección de los destinos para la reubicación, se ha realizado sin que mediase un estudio de localización como el que se hace para cualquier inversión empresarial de mediana envergadura. La propuesta del Presidente Electo se ha fundamentado, en la convicción que esa medida pudiere mejorar los servicios públicos que presta el Gobierno Federal, a resultas de la descentralización masiva. También se ha esgrimido para justiciar la iniciativa, que el traslado de dependencias impulsará el desarrollo regional.

Es evidente que la hipotética medida gubernamental en comento tendría efectos trascendentes para el País más allá de un período de gobierno, tanto en términos de su modelo de gobernanza, como de la inversión de largo plazo y costos de operación que supondría.

Por ello, es indispensable que antes de proceder a su ejecución, se abra un amplio espacio de consultas, para que con la participación de expertos, los diversos actores políticos y amplios sectores de la sociedad, se pueda concluir si los beneficios esperados de la medida, superarán los evidentes y cuantiosos costos que supondría.

En ello, el Poder Legislativo Federal tendrá una grave responsabilidad por los cambios legislativos y recursos, cuya aprobación requerirían para llevarla adelante como se ha propuesto.

Veremos si los legisladores están listos para cumplir con esa delicada responsabilidad.


martes 11 de septiembre de 2018

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