Si alguna experiencia ha dejado el juicio que lleva en Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”; es que los tentáculos del crimen organizado atraviesan por igual, gobiernos, fronteras y autoridades. Inmersa en esta dinámica, la corrupción es una terrible constante que fluye por igual como recursos para financiar campañas, infiltrar aduanas, comprar lealtades, e incluso armas. El proceso nos demuestra que la corrupción tarde o temprano se convierte en un asunto que cobra vidas, y que en nuestro caso, ha hundido a México en el miedo.
La de este lunes será la sexta audiencia semanal, de cara a lo que se prevé sea un proceso menos prolongado de lo que se tenía previsto. Sin embargo, las pasadas audiencias del llamado "juicio del siglo" contra Joaquín Guzmán Loera, iniciaron con fuertes declaraciones en las que se hizo público frente a una corte federal de Nueva York, que tanto los gobiernos de Felipe Calderón como los de Peña Nieto, recibieron millones de dólares en sobornos a diferentes autoridades con la finalidad de comprar protección e inmunidad a los integrantes del Cartel de Sinaloa.
Ha destacado también, el hecho de que un testigo en el juicio haya revelado que el narcotraficante mexicano se reunía con empleados de paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) para ver si barcos de ésta, transportarían cocaína desde Ecuador a México. El informante señaló que Vicente “Vicentillo” Zambada, el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del cartel, era el contacto para lograr implementar una ruta de trasiego de droga de estas dimensiones. La idea, era que los barcos de la empresa fueran a Ecuador a recoger petróleo y cocaína y la llevaran al puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
El mismo esquema de corrupción que se empleaba en México, lo usaba Guzmán Loera para comprar autoridades en Perú, desde dónde un barco tiburonero salía a recibir con lanchas a motor, la droga que había salido desde Ecuador, y desde ahí a un barco mexicano. Se calcula que anualmente Guzmán lograba trasladar seis toneladas de cocaína con este método, lo que resultó en millones de dólares en ganancias, que dejaron a su paso dinero a autoridades de los países involucrados.
Otro audio del proceso, ha revelado también que el Cartel de Sinaloa, negociaba con la compra de toneladas de cocaína en zonas de las FARC, en Colombia. Se ha hablado de un posible envío de seis toneladas de cocaína desde la frontera colombiana al suroeste, hacia bodegas del acusado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, de donde serían despachadas a México, e incluso se ha señalado el envío de armas. El testimonio que soportaba dicha grabación, señaló que se pagaban sobornos al capitán del ejército ecuatoriano Telmo Castro, quien cobró hasta 600 mil dólares por permitir el tránsito de la mercancía.
Derivado de otro testimonio y evidencia, se ha señalado que “El Chapo”, a través de un empresario colombiano, que tenía empresas de cambio de divisas y contacto con Visa, le ayudaba a mandar dinero de México a Estados Unidos y Canadá, con una comisión de entre el 10% y el 16% del dinero y les entregaban tarjetas débito de la citada transnacional, con las que podían hacer retiros en cajeros automáticos.
En cada una de estas revelaciones, se constata que la corrupción ha atravesado a importantes instituciones en los países involucrados, pero por igual a privados, que no han soportado el peso de los millones de dinero que el narcotráfico genera.
