La corrupción representa uno de los grandes problemas nacionales, está latente en todos los ámbitos de la vida pública. El asunto no es nuevo, el primer precedente fue en la Colonia donde los cargos públicos se compra ban en España sin considerar que se tuviera el conocimiento básico para desarrollar la responsabilidad que se le encomendaba. No es superficial afirmar que la corrupción se ha extrapolado, las cantidades por las ex gobernantes están procesadas son de miles de millones de pesos, cifras demenciales, que no se pueden gastar en cientos de años.
Las acciones emprendidas para combatir la corrupción ya tienen muchos años, en 1982 se publicó por el presidente De la Madrid la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que obligaba a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial. En 2002 el presidente Fox incorporó nuevas acciones de fiscalización para servidores públicos y se creó el Instituto de Transparencia. En 2008, se crea un Programa Nacional de Combate a la Corrupción, y finalmente en el 2015, se constituye por reforma Constitucional el Sistema Nacional Anticorrupción y se amplían facultades de la Auditoria Superior de la Federación. Lo anterior demuestra que la creación de instituciones y leyes no fueron suficiente para erradicar la corrupción, ni siquiera inhibirla. Es por ello, que la administración actual decidió modificar las leyes penales para aumentar de manera drástica las penas, hacer más dinámica la extinción de dominio y fortalecer los mecanismos de investigación, el tiempo nos dirá si la estrategia es efectiva.
El erradicar la corrupción es un tema de voluntad política y de cero tolerancia, sobre todo poniendo el ejemplo con los de la casa. El gasto público cada año aumenta, las cantidades que se licitan son multimillonarias. Algunos sectores como infraestructura, energéticos, salud y educación, son tan cerrados que después de una licitación ellos mismos saben si se apegó a la ley o existieron irregularidades en la adjudicación. Otra cosa que no se puede ocultar es el gasto ostentoso que realizan los funcionarios y su entorno, cambio de lugares de residencia, vehículos nuevos o excentricidades. Además, no hay que quitar la vista a los gastos de las campañas políticas, es sabido que los topes generalmente no se respetan y que cuestan millonadas que provienen de fuentes de financiamiento privado que buscan que su donación sea una inversión con beneficios futuros. Otro peligro es seguir adjudicando licitaciones de manera directa, puede ser que ahora se realice con honestidad, pero nada nos garantiza que en un futuro así sea. Erradicar o disminuir la corrupción no es fácil, algunos grupos políticos ya probaron las mieles de la riqueza y no están dispuestos a ceder lo adjudicado, ni modificar su forma de vida por la justa medianía.
Una de las pruebas de fuego del gobierno del presidente López Obrador es el combate a la corrupción. El tiempo nos dirá si la estrategia ofrece resultados efectivos, de ser así, los beneficios serán inmensos, sobre todo tener servidores públicos que trabajen por convicción en favor de la gente. Si la estrategia no es efectiva, el desanimo generará un enojo social que puede desbordarse y ceder su confianza a nuevos actores políticos con propuestas radicales alejados de la institucionalidad democrática.
