Tenemos una visión de la corrupción inscrita en los negocios ilícitos que perpetran los funcionarios por encima y en contra de la ley, teniendo como objeto el beneficio de alguna prebenda económica. La corrupción para concretarse requiere de dos partes, quien la promueve y quien la acepta.
Pero cuando los casos en donde la corrupción trasciende a delitos de alto impacto, entonces el Estado se encuentra en una franca crisis; en una lógica democrática todo queda alterado y su consecuencia debiese ser que quienes estuvieron involucrados al aceptarla, ya sea por acción o por omisión, fuesen sancionados. Uno pensaría que quienes son corruptos no pueden seguir devengando el espacio público como si nada, eso sería, insisto, en una lógica democrática. Pero el sentido común es rebasado cuando la corrupción tiene desenlace en violaciones graves a los derechos humanos, en hechos de horror, con total impunidad.
En México hay hechos terribles que pueden estar inscritos en crímenes de lesa humanidad porque no se explica que puedan suceder sin la participación de agentes del Estado; o usted explíquese cómo pudieron perpetrarse hechos como el asesinato y desaparición de pobladores de Allende, Coahuila; o los asesinatos de 72 migrantes encontrados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas; o los asesinatos en el penal de Piedras Negras, Coahuila, controlado por los Zetas; o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; y por desgracia la lista es interminable
El diagnóstico que ha presentado Open Society Justice Initiative ¨Corrupción que Mata¨ ¨Por qué México necesita un Mecanismo Internacional para Combatir la Impunidad¨, fundamenta lo que sabemos: México está inmerso en una crisis de violencia y todo indica que ésta terrible situación no termina, empeora, 2017 fue el más violento de los últimos 20 años.
Ya no podemos responsabilizar de esta violencia únicamente a Felipe Calderón por su nefasta guerra contra los capos de las drogas, el gobierno de Peña Nieto mantuvo irresponsablemente la inercia y se empeñó en ello, la culpabilidad le alcanza inexorablemente.
Sería plausible que ya en esta última ruta el gobierno de Peña Nieto se apreste a la creación de un mecanismo o comisión internacional que, entre otras cuestiones, determine las acciones para evidenciar a quienes se debe castigar como responsables de la impunidad y el debilitamiento de las instituciones encargadas de preservar la seguridad, de investigar y castigar estos crímenes, que incluyen a miles de personas desaparecidas de manera involuntaria.
Hay diversas experiencias en otros países que pueden ser referencia para el caso mexicano; esta comisión debe sea integrada por personalidades expertas a nivel internacional, por organizaciones de la sociedad civil organizada, la academia, y por funcionarios confiables y honestos.
Pero si no lo hace Peña Nieto antes de irse, quien gane la elección debe concretarla; nadie podrá gobernar con estos crímenes atroces gozando de impunidad, hay que decirlo alto y claro.
Hasta ahora al único candidato que se ha comprometido con esta exigencia es Ricardo Anaya. La corrupción también mata. Es tiempo de la verdad.
Angelica de la Peña
Senadora del PRD
@angelicadelap
