Por: Ricardo Gallegos*
Hoy en día, la mayor parte de la discusión gira sobre el crecimiento que registró el país en 2021, de alrededor de un 5%, y el dato que considero más interesante es lo que esperamos de crecimiento para este año. Este fenómeno en particular guarda una correlación importante con el gasto federalizado, el cual contiene las participaciones (Ramo 28), las Aportaciones Federales (Ramo 33) y los Convenios y Subsidios, los cuales son el principal ingreso para Estados y Municipios, que en promedio representan alrededor de un 90% de sus ingresos y de ahí su relevancia.
Nuestra última estimación en diciembre del PIB para 2022 de México fue de un crecimiento de 2.9%, la cual tendrá seguramente una revisión a la baja según vayamos teniendo más información, pero podría estar terminando alrededor del 2.5%. El Fondo Monetario Internacional estimó hace unas semanas niveles de 2.8%, sin embargo, el mercado está asumiendo que, con el contexto actual, podríamos estar cerrando el año con un crecimiento de alrededor de un 2% en promedio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un estimado de crecimiento hasta ahora de 4.1%, que se antoja optimista y que evidentemente fue generado en un contexto diferente.
Sin embargo, es con esta información y con un gasto federalizado de poco más de 2 mil millones de pesos, con lo que los estados y municipios generaron sus respectivas leyes de ingresos. Si bien es mucho más complejo calcular a cuántos puntos corresponde una baja porcentual del crecimiento económico y el efecto en este componente en los recursos que le tocan a los estados y municipios, lo que es un hecho es que si no se cumplen una serie de supuestos importantes en torno a la economía nacional, la cantidad de recursos que podrían recibir podría terminar siendo sustancialmente menor, lo cual tiene un impacto directo en el ejercicio presupuestal de las entidades subnacionales mexicanas.
¿Cuál es el efecto directo? A menores ingresos, la única respuesta es hacer mayores esfuerzos de recaudación, gastar menos, incrementar en alguna medida el pasivo circulante y, si existen proyectos de alta importancia para la entidad, la contratación de financiamiento; esto en general provoca mayor estrés financiero en el sector y, dependiendo de las decisiones de política pública, puede incidir en las calificaciones de estos entes. Más aún porque existen 15 estados que cambiaron hace poco de administración y seguramente están implementando o preparando lo que serán las principales acciones de gobierno de los próximos seis años.
Pero esto va un poco más allá; el presupuesto inicialmente asignado puede modificarse en el tiempo, sí, pero trastoca, muchas veces de manera profunda, la planeación y el ejercicio del gasto, es más: la incertidumbre por sí misma puede ocasionar de manera inmediata que los planes de inversión en el sector se vean, por lo menos, retardados.
Si bien una posible reducción del crecimiento del PIB no necesariamente podría ser tan drástica en el presupuesto subnacional, estamos hablando que podría estar varios puntos por debajo del contexto bajo el cual se aprobó el PEF 2022; esto sin contar presiones inflacionarias -que estimamos queden alrededor de niveles de 4.25% al cierre de este año-. La buena noticia es que el precio de la mezcla de petróleo presenta signos de recuperación y cada punto por arriba sobre el estimado constituye una importante cantidad de recursos para el país. Lo que es un hecho es que estados y municipios sin lugar a duda tendrán que ser muy cautos en la manera en cómo gastan sus recursos, para que esta volatilidad impacte lo menos posible en su desempeño.
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*Ricardo Gallegos es Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas & Deuda Soberana en HR Ratings. Economista por el ITESM y estudios de Maestría en Políticas Públicas por el ITAM.
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