La decisión que seguramente fue tomada aún antes de julio del 2018 deberá ser cuidadosamente evaluada en las semanas por venir: apagar los motores del crecimiento puede tener una implicación socioeconómica que no estaba contemplada por el Gobierno de México.
La economía no crecerá el 2 por ciento estimado oficialmente, ni probablemente quedará en 0.5 por ciento.
La contracción del gasto e inversión públicos es uno de los elementos estructurales de la política económica.
El ajuste en las finanzas públicas es parte de la lucha contra la corrupción, pero también es el primer paso para el rediseño institucional que la 4T implementará.
Un ajuste ordenado de la administración pública tardaría años, para ello se habría tenido que apostar por una transición y no por la transformación.
Los resultados de la primera opción habrían llegado en sexenios posteriores. El presidente López Obrador quiere que algunos se observen en su administración.
Por ello se deja el crecimiento económico en un segundo plano y priorizan los ejes político y social. El inconveniente es que ello se basaba en una prospectiva optimista que es contradictoria con el análisis oficial del fracaso del modelo neoliberal: se afirma (correctamente) que colapsó, pero se confió en que podría crecer hasta 2.5 por ciento en 2019.
La reducción de la inversión pública, (-) 16 por ciento hasta mayo, desarticuló el sector de la construcción.
Los problemas estructurales en la extracción de petróleo y gas, así como en la generación de energía eléctrica, se combinaron con la caída en la construcción y exacerbaron la desaceleración del sector industrial para convertirlo en una recesión.
Apagar el motor de crecimiento del gasto público impactó en 50 ramas que dependen de su desempeño.
La 4T centró su atención en mantener finanzas públicas contablemente sanas, pero dejó de ver la fragilidad del PIB mexicano: los Criterios Generales de Política Económica presentaron un escenario optimista de crecimiento (2 por ciento) porque obviaron la inercia negativa de la inversión pública y privada.
En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto la inversión fue minada y por ello heredó a la 4T una economía enferma: la austeridad no causó la debilidad, pero sí la exacerbó.
La caída del gasto del gobierno y de la producción industrial llegaron rápidamente a un mercado laboral estructuralmente precarizado (análisis que se dejó de lado) y con ello al consumo privado: los hogares mexicanos requieren un ingreso superior al que les puede otorgar la estrategia de asistencia social. Además, se sobrestimó el beneficio del aumento al salario mínimo.
El consumo privado creció 1.2 por ciento en los primeros cuatro meses y 1.1 por ciento desde diciembre de 2018, pero es por la inercia del crecimiento poblacional.
Sin lugar a duda que para el Presidente la prioridad es garantizar el alineamiento institucional a lo que considera prioritario: la construcción de nuevos paradigmas y un marco legal acorde con su perspectiva de reconstrucción.
Apagar los motores del crecimiento será un duro escollo para la maduración de su proyecto, particularmente si la industria de EU continúa su desaceleración en construcción y manufacturas, como ya es claro.
